Neiva enfrenta una creciente crisis en la prestación del servicio de salud, reflejada en más de 2.000 requerimientos ciudadanos que reclaman la entrega oportuna de medicamentos y la aprobación de procedimientos médicos. Ante este panorama crítico, el personero de Neiva, Andrés Bastidas, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, intervenciones urgentes para frenar la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
Exigencias
Durante el encuentro entre ambas entidades, se dejó en evidencia que las EPS y entidades prestadoras del servicio en Neiva no están cumpliendo con lo mínimo exigido por ley, dejando a miles de pacientes incluidos adultos mayores, personas en condición de discapacidad y pacientes crónicos sin acceso oportuno a medicamentos esenciales y tratamientos vitales. La Personería advirtió que el desabastecimiento, sumado a la tramitología excesiva y la desarticulación entre IPS y EPS, está comprometiendo la vida e integridad de cientos de neivanos.
“Estamos ante una emergencia silenciosa que está afectando de forma directa la dignidad de las personas. Esta es una vulneración grave a los derechos humanos y no puede seguir siendo tratada con indolencia por parte de las autoridades de salud”, declaró el personero Bastidas, exigiendo una respuesta institucional inmediata.
Por su parte, el procurador delegado Osuna reconoció la gravedad de la situación e indicó que desde su despacho se elevarán los informes pertinentes ante la Procuraduría General, con el objetivo de promover acciones correctivas e incluso sancionatorias contra las entidades responsables del colapso en la atención.
Estrategias
Además, se planteó la posibilidad de instalar mesas técnicas interinstitucionales con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la administración municipal para articular respuestas estructurales. “No se trata solo de distribuir pastillas, sino de garantizar un sistema funcional, digno y humano para los ciudadanos”, recalcó Osuna.
Este llamado de alerta se suma a una larga lista de denuncias que la Personería ha venido recopilando durante los últimos meses, donde se documentan casos de pacientes que han esperado más de seis meses por un medicamento o una autorización médica. Las cifras crecen sin que las soluciones lleguen.
El panorama es delicado: si no se toman medidas inmediatas, el sistema local de salud podría colapsar por completo, advierten las autoridades. Desde ya, se espera que este pronunciamiento no se quede en el papel, y que las instituciones involucradas asuman con responsabilidad y compromiso la tarea de proteger el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes de Neiva. De lo contrario, las consecuencias podrían ser irreparables para los sectores más vulnerables, incrementando las tutelas, los fallos judiciales y la desesperanza ciudadana ante un Estado ausente. Las acciones deben ser rápidas, contundentes y sostenidas en el tiempo.
