La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha enviado una carta rogatoria al Ministerio de Justicia para que sea dirigida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo es gestionar una audiencia con Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, exintegrante de las FARC, quien se encuentra cumpliendo una condena en una prisión estadounidense.
La JEP recurre a esta vía diplomática luego de que su solicitud previa enviada directamente a las autoridades de Estados Unidos fuera respondida con la indicación de que el trámite debía ser gestionado a través del Ministerio de Justicia de Colomb
La Sala ordenó esta diligencia como parte de los esfuerzos para esclarecer la verdad plena sobre el conflicto armado en Colombia. Este proceso se enmarca dentro del régimen de condicionalidad suscrito por ‘Simón Trinidad’, el cual lo obliga a colaborar con la justicia aportando verdad, contribuyendo a la reparación de las víctimas y comprometiéndose a la no repetición de los hechos violentos.
En 2023, la JEP aceptó el sometimiento de ‘Simón Trinidad’ y asumió la competencia sobre cinco procesos judiciales en los que está involucrado. Entre los más relevantes se encuentra la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002 en el departamento de Chocó. En este trágico evento, la explosión de un cilindro bomba lanzado por las FARC contra una iglesia provocó la muerte de 80 personas, entre ellas 48 menores de edad. Este caso es uno de los crímenes más emblemáticos del conflicto armado colombiano y está en el centro de la búsqueda de justicia por parte de la JEP.
Desde 2004, ‘Simón Trinidad’ se encuentra recluido en Estados Unidos tras haber sido capturado en Ecuador y extraditado a ese país, donde fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de tres contratistas estadounidenses en Colombia. A pesar de su encarcelamiento, la JEP busca su testimonio para obtener información clave sobre el papel que desempeñó durante el conflicto armado, en especial sobre su relación con crímenes cometidos por las FARC, con el fin de avanzar en los compromisos de justicia y reparación que exige el proceso de paz.
