El caso de Jorge Andrés Tafur Villarreal vuelve a generar controversia dentro de la Universidad del Tolima, donde su trayectoria reciente ha despertado cuestionamientos sobre manejo institucional, poder y contratación.
Tras ser señalado por presunto acoso sexual en 2020, hoy figura como contratista con ingresos significativos y como directivo del Centro de Estudios Regionales, situación que obliga a revisar decisiones administrativas. La inquietud que persiste es directa: ¿la UT premia el silencio?
En diciembre de 2023 fue designado como Profesional Universitario en la Vicerrectoría de Docencia, un cargo de libre nombramiento y remoción. Más adelante, en 2025, apareció con alto puntaje en concurso docente, lo que ha encendido alertas sobre los filtros aplicados frente a antecedentes de denuncias.
También se examinan sus contratos. En 2022 suscribió uno por 18 millones de pesos y en 2024 participó en la elaboración de documentos para un convenio de 350 millones de pesos con impacto en regiones del Pacífico. Voces críticas exigen evidencias claras de productos, informes y supervisión.
Sectores feministas preguntan si se activaron protocolos de atención, si existieron investigaciones formales y si hubo garantías para denunciantes. La Procuraduría es solicitada para revisar actuaciones. La comunidad universitaria insiste en respuestas sobre equidad y transparencia institucional.
Asimismo, distintos sectores académicos advierten que este caso podría convertirse en un precedente sobre la forma en que se gestionan denuncias internas y procesos de selección en entidades públicas. Piden explicaciones concretas y medidas que fortalezcan la confianza ciudadana en la institución y eviten irregularidades futuras dentro de la universidad.
