La sesión del Consejo de Estado, no incluyó en su agenda el fallo sobre la demanda de nulidad electoral presentada contra Rafaela Cortés Zambrano, actual gobernadora del departamento del Meta. La controversia, que acusa a la mandataria de incurrir en doble militancia durante la campaña electoral de octubre de 2023, permanece en un limbo jurídico que podría extenderse hasta el próximo año.
Incertidumbre
La Sección Quinta, encargada del caso, no logró consenso entre sus cuatro magistrados, quienes requieren al menos tres votos para resolver la nulidad. En caso de persistir el desacuerdo, el caso podría ser enviado a conjueces, dilatando aún más una decisión que ya excedió los tiempos establecidos por la ley.
Los demandantes, un grupo de seis abogados, sostienen que Cortés habría respaldado candidatos de partidos distintos a su colectividad. Aunque las pruebas fueron presentadas, el Consejo de Estado ha retrasado su deliberación. La última oportunidad para resolver este caso sería el 19 de diciembre, en la última sala plena del año, antes del inicio de la vacancia judicial el 20 de diciembre. De no tomarse una decisión, el caso quedaría aplazado hasta 2025, generando incertidumbre política en la región.
Por su parte, Rafaela Cortés ha defendido su gestión y transparencia. En repetidas ocasiones, ha señalado que actuó en conformidad con las normas electorales, asesorada por un equipo jurídico que le instruyó sobre los límites de sus acciones y declaraciones públicas. “Estoy tranquila, segura de que este caso se resolverá a mi favor”, afirmó Cortés, subrayando su confianza en la justicia y en su compromiso con los votantes del Meta.
Mientras tanto, los demandantes y sectores políticos del departamento continúan atentos a la página oficial del Consejo de Estado, esperando novedades. Analistas advierten que, si el caso no se resuelve pronto, podrían surgir críticas hacia el alto tribunal por la demora en procesos que afectan la estabilidad política de una de las principales regiones del país.
