La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Doral, Florida, ha transformado la vida de María, una mujer venezolana de 52 años que lleva siete años viviendo en Estados Unidos junto a su esposo y sus hijas. Aunque su familia tiene una solicitud de asilo pendiente, el temor a ser detenidos y deportados ha provocado que cambien sus rutinas, abandonen actividades cotidianas y comiencen a considerar la posibilidad de abandonar el país.
Desde que los operativos migratorios se intensificaron en las calles de Doral, María comenzó a experimentar una profunda ansiedad que incluso se ha manifestado físicamente. Un tic involuntario en su ojo derecho se volvió cada vez más frecuente, hasta que en una ocasión sintió que la mitad de su rostro se paralizaba. La mujer teme que estos síntomas estén relacionados con el estrés que enfrenta diariamente, por lo que próximamente deberá someterse a varios estudios médicos.
Doral, ubicado en el condado de Miami-Dade, es conocido por albergar la mayor población venezolana de Estados Unidos. Durante los últimos meses, la ciudad ha experimentado una mayor presencia de agentes migratorios, en medio de la política del presidente Donald Trump de ejecutar un amplio programa de deportaciones.
María y su familia llegaron a Estados Unidos en 2019, después de atravesar una situación de violencia y amenazas en Venezuela. Su esposo, quien trabajaba como bioanalista en un laboratorio privado de Caracas, fue obligado por hombres armados a realizar exámenes médicos durante un apagón nacional. Los individuos lo amenazaron de muerte si se negaba a prestarles el servicio.
Después de aquel episodio, el esposo de María comenzó a reconocer a los mismos hombres cerca de su lugar de trabajo. Aunque nunca pudieron confirmar quiénes eran, sospechaban que pertenecían a grupos conocidos como colectivos, vinculados al chavismo.
La situación empeoró cuando el hermano de su esposo fue secuestrado y los responsables comenzaron a preguntar por él. Ante el temor de que su familia también fuera víctima de la violencia, María tomó la decisión de no regresar a Venezuela. Lo que inicialmente sería un viaje de vacaciones a Estados Unidos terminó convirtiéndose en una decisión de permanecer en el país y solicitar protección migratoria.
La familia se estableció en Doral, un lugar que les ofrecía tranquilidad y donde encontraron una amplia comunidad de venezolanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sensación de seguridad comenzó a desaparecer.
En 2021, María y sus familiares recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos, trabajar y acceder a determinadas protecciones frente a la deportación. Durante el gobierno de Joe Biden, cientos de miles de venezolanos también recibieron este beneficio.
No obstante, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, su administración tomó medidas para terminar con el TPS de los venezolanos. La decisión generó preocupación entre las familias migrantes y desencadenó una serie de procesos judiciales.
Aunque un juez federal suspendió inicialmente la medida y una corte de apelaciones respaldó esa decisión, posteriormente la Corte Suprema autorizó al gobierno estadounidense a poner fin al programa de protección que beneficiaba a más de 600.000 venezolanos.
Para María, la eliminación del TPS significó perder una de las principales garantías que le permitían imaginar un futuro estable en Estados Unidos. A pesar de ello, mantenía la esperanza de que su solicitud de asilo pudiera ofrecerle una alternativa para permanecer en el país.
La mujer explica que su familia presentó una solicitud de asilo afirmativo, pero que hasta el momento no ha recibido una entrevista ni una decisión definitiva. Aunque el caso continúa activo, la detención de su primo en Orlando, quien también tenía una solicitud de asilo pendiente, aumentó considerablemente su preocupación.
Desde entonces, María vive con el temor de que cualquier encuentro con agentes migratorios pueda terminar en una detención. Incluso siente preocupación cuando las autoridades pueden relacionar la información de la placa de su vehículo con su situación migratoria.
Una rutina marcada por el temor
La ansiedad ha llevado a María a modificar completamente su vida cotidiana. Actualmente, procura salir de casa únicamente para acudir a su trabajo y ha abandonado actividades que antes disfrutaba, como caminar por el parque, asistir a clases de baile y participar en reuniones sociales.
También depende de otras madres de la comunidad venezolana para que lleven a su hija a la escuela. Muchas de estas mujeres tienen ciudadanía estadounidense y ayudan a otras familias que sienten temor de desplazarse por la ciudad.
Antes de salir de casa, María revisa páginas de internet y cuentas en redes sociales que informan sobre la presencia de agentes de ICE en diferentes sectores de Doral. De esta manera, intenta evitar las calles donde se reportan operativos migratorios.
Cuando viaja en automóvil junto a su esposo, permanece atenta a cualquier señal de las autoridades. La angustia es tan intensa que siente que su corazón se acelera y, en ocasiones, experimenta la sensación de quedarse sin aire.
Para intentar reducir esa preocupación, instaló una aplicación en los teléfonos de su esposo y sus hijas que le permite conocer sus ubicaciones. Cada vez que recibe una notificación que confirma que alguno de ellos llegó a casa, siente un breve alivio.
María describe esta situación como una experiencia que le recuerda los secuestros que se registraban en Caracas antes de su salida de Venezuela. Asegura que vive con una sensación permanente de inseguridad, como si estuviera nuevamente expuesta a una amenaza de la que no puede escapar.
La mujer reconoce que el miedo ha afectado su bienestar emocional y que ya no se siente capaz de continuar viviendo bajo esas condiciones.
La presencia de ICE y la cooperación con las autoridades locales
La preocupación de María se desarrolla en medio de una creciente discusión sobre la colaboración entre las autoridades locales de Florida y los organismos federales de inmigración.
En abril de 2025, el Consejo Municipal de Doral aprobó por unanimidad un acuerdo bajo el programa 287(g), que permite establecer mecanismos de cooperación entre las policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La decisión generó controversia entre algunos comerciantes, empresarios y residentes venezolanos, quienes han expresado su preocupación por las consecuencias de los operativos migratorios.
Algunos empresarios aseguran que la presencia de agentes de ICE ha provocado una reducción considerable en sus ventas, debido a que muchos habitantes prefieren permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha señalado que las autoridades municipales no tienen capacidad para detener las operaciones federales de inmigración. Según su posición, la aplicación de las leyes migratorias corresponde al Gobierno de Estados Unidos y los operativos pueden realizarse independientemente de los límites municipales.
El debate también llegó a otras localidades del sur de Florida. El alcalde de Miami, Javier Fernández, junto con exlegisladores estatales, acudió a la alcaldía de Doral para solicitar que se revoque el acuerdo de cooperación con ICE.
Fraga respondió que eliminar el acuerdo no modificaría las leyes federales ni impediría que las autoridades migratorias continuaran realizando sus operaciones en la ciudad.
Mientras las autoridades mantienen sus posiciones, residentes como María aseguran que la incertidumbre ha cambiado la manera en que se relacionan con su entorno y ha generado preocupación en las familias que todavía tienen procesos migratorios pendientes.
El temor de perder la vida que construyeron
La situación llegó a un punto crítico cuando María vio entrar a un agente uniformado de ICE en una cafetería donde se encontraba realizando una entrevista de trabajo. El encuentro aumentó su temor y la llevó a considerar seriamente la posibilidad de permanecer en casa hasta encontrar una alternativa para abandonar Estados Unidos.
Su esposo ha intentado explorar otras opciones para regularizar su situación migratoria, incluso mediante la revalidación de su carrera profesional. Sin embargo, la familia siente que el tiempo se está agotando y que las detenciones en Doral hacen cada vez más difícil imaginar una permanencia tranquila en el país.
Por esta razón, comenzaron a considerar Canadá como un posible destino, debido a que allí vive un hermano del esposo de María. La familia analiza cómo podría trasladarse y establecerse en ese territorio.
Antes de salir de Estados Unidos, tienen previsto cerrar correctamente su proceso de asilo y cumplir con los procedimientos legales correspondientes. También son conscientes de que abandonar el país podría representar dificultades migratorias, incluso si cuentan con los documentos necesarios para viajar.
María asegura que le duele profundamente pensar en dejar atrás la vida que construyó durante siete años. En Estados Unidos encontró estabilidad, oportunidades y un entorno en el que esperaba que sus hijas pudieran crecer con tranquilidad. Sin embargo, considera que la situación actual ha deteriorado su calidad de vida hasta el punto de hacerle pensar que permanecer allí ya no es una opción viable.
Mientras toma una decisión, la mujer deberá acudir a nuevas citas médicas para realizarse estudios de los nervios de la parte superior del cuerpo y una resonancia magnética del cerebro. Su principal preocupación es determinar qué está provocando los movimientos involuntarios del ojo derecho y la tensión muscular que ha comenzado a experimentar en el rostro.
La historia de María refleja las dificultades que enfrentan algunas familias migrantes en medio de la incertidumbre sobre su situación legal. Aunque llegaron a Estados Unidos buscando seguridad, ahora sienten que deben abandonar nuevamente el lugar donde construyeron su hogar.
Para ella, el temor a una posible deportación ha dejado de ser una preocupación relacionada únicamente con los trámites migratorios y se ha convertido en una situación que afecta su salud, sus relaciones familiares y su vida diaria. Su futuro permanece incierto, mientras espera respuestas sobre su solicitud de asilo y analiza la posibilidad de comenzar una nueva vida en otro país.
