Una nueva tormenta se cierne sobre la Dimayor y 16 equipos del Fútbol Profesional Colombiano. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recibió una contundente recomendación de su Delegatura para la Protección de la Competencia: sancionar por prácticas anticompetitivas a estos clubes, tras una profunda investigación sobre la libre negociación de los derechos deportivos de los jugadores. SIC podría sancionar a Dimayor y 16 clubes del FPC por “listas negras”.
El periodista César Augusto Londoño fue quien encendió la alarma al revelar que la Delegatura encontró evidencias de “listas negras” y bloqueos a futbolistas que exigían sus derechos. Las conductas anticompetitivas se habrían presentado entre 2017 y 2020, afectando directamente el mercado laboral del fútbol nacional.
¿Qué dice la investigación? “Pacto de caballeros” y vetos coordinados
Según el informe motivado de la Delegatura, Dimayor habría servido como respaldo institucional a un sistema que vetaba jugadores que salían de sus clubes sin compensación económica o que decidían no renovar contrato. Esta práctica se conoce como “no-poach agreement”, y su efecto fue directo: limitar la movilidad laboral y distorsionar el mercado.
El documento detalla que los acuerdos eran explícitos o tácitos, y se justificaban bajo eufemismos como “solidaridad gremial”. En muchos casos, futbolistas eran incluidos en listas de veto simplemente por acudir a instancias legales o exigir pagos atrasados. Esta situación vulneró el derecho al trabajo y la libre competencia.
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¿Quiénes están involucrados y qué podría pasar? SIC podría sancionar a Dimayor y 16 clubes del FPC por “listas negras”
En total, 16 clubes fueron señalados: Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado FC, Tigres FC, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético FC, Fortaleza, Leones FC, Real Santander y Alianza FC.
Además, se recomienda sancionar a 17 personas naturales, incluyendo al actual presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, y a los expresidentes Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo. Todos habrían autorizado, ejecutado o tolerado estas prácticas ilegales.
La decisión final está en manos de la superintendente Cielo Rusinque, quien deberá determinar si se imponen multas o sanciones adicionales. La SIC ya ha sancionado en el pasado a la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de boletas, lo que incrementa la presión sobre el organismo.
Este caso no es aislado. Desde septiembre de 2024, hay otra investigación abierta por presunta cartelización en el fútbol femenino. De confirmarse estas sanciones, estaríamos ante un precedente sin igual en la historia deportiva del país, que podría reconfigurar por completo el poder en el balompié nacional.
La SIC tiene ahora la última palabra. Evaluará las pruebas, definirá si impone sanciones y decidirá el rumbo de uno de los escándalos más graves del fútbol colombiano. Los clubes y directivos esperan el fallo. Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en el deporte sigue encendido.
