La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 8 mil millones de pesos a cinco equipos del fútbol profesional colombiano (FPC) por prácticas anticompetitivas. Este nuevo escándalo expone nuevamente los problemas estructurales que afectan a las competencias organizadas por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.
Equipos involucrados en cartelización
Los clubes sancionados son Deportivo Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club y Atlético Fútbol Club. Según la SIC, estos equipos ejecutaron un esquema de cartelización empresarial para restringir el mercado de transferencias de jugadores.
La investigación reveló que los equipos mantenían «pactos de caballeros», mediante los cuales compartían información privada sobre futbolistas. Este sistema vetaba a jugadores con antecedentes de indisciplina, impidiéndoles firmar con otros clubes del FPC.
La Dimayor, también implicada
Además de los clubes, la SIC señaló directamente a la Dimayor, acusándola de haber facilitado o permitido estas prácticas ilegales. Como ente rector de las competencias profesionales en Colombia, su papel en este caso agrava la gravedad de las sanciones.
Hasta el momento, la Dimayor no ha emitido ninguna declaración oficial. La omisión ha generado inquietud en el entorno deportivo y en la opinión pública, que exige transparencia.
Una sanción histórica en el deporte nacional
La multa de 8 mil millones de pesos representa una de las sanciones más altas impuestas al fútbol colombiano por motivos administrativos. La SIC aseguró que este castigo busca evitar futuras violaciones a la libre competencia y proteger los derechos laborales de los futbolistas.
Esta no es la primera vez que la Superintendencia toma acciones de este tipo. En meses anteriores, la entidad sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol y a su presidente, Ramón Jesurún, por un caso de reventa de boletería con la Selección Colombia.
Corrupción estructural en el fútbol colombiano
Este nuevo escándalo confirma que el fútbol colombiano continúa afectado por corrupción sistémica. Las prácticas antideportivas como la cartelización, sumadas a casos anteriores, evidencian una grave crisis de gobernabilidad.
La falta de regulación efectiva y de respuestas institucionales sólidas debilita la credibilidad de los entes rectores del fútbol en el país. Además, afecta directamente a los jugadores, quienes ven limitadas sus oportunidades laborales.
¿Qué sigue para los clubes sancionados?
Los cinco clubes implicados deberán pagar la multa y podrían enfrentar otras consecuencias, incluyendo restricciones administrativas y posibles demandas por parte de jugadores afectados.
Por ahora, el país permanece a la espera de más pronunciamientos oficiales. La presión pública podría forzar a la Dimayor y a los clubes a ofrecer explicaciones y tomar medidas correctivas.
