En España, el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas. El aumento de los precios —con subidas del 12% en 2025— y el encarecimiento del alquiler en las grandes ciudades han llevado al presidente Pedro Sánchez a hablar de una “emergencia habitacional”. Sin embargo, al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estadística calcula que existen 3,8 millones de viviendas vacías, el 14,4% del total, muchas de ellas desocupadas desde hace años.
El problema radica en que estas casas no están situadas donde existe la mayor demanda. La mayoría se concentran en zonas rurales despobladas —la llamada “España vacía”— como Galicia o Castilla y León, mientras que la presión habitacional se da en grandes ciudades como Madrid y Barcelona o en áreas turísticas costeras. Además, muchas viviendas no están en condiciones de ser habitadas y requieren costosas reformas que sus dueños no pueden o no quieren asumir.
Otros factores agravan la situación. Parte de las casas vacías son herencias cuyos propietarios no logran ponerse de acuerdo. También influye la actuación de grandes tenedores, como bancos o fondos de inversión, y el auge de los alquileres turísticos de corta duración, que reducen la oferta residencial. Aunque el gobierno aprobó en 2023 una nueva Ley de Vivienda con impuestos más altos a las viviendas desocupadas, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no la aplican, lo que ha limitado su efecto.
Otro obstáculo es el temor de los propietarios a los inquilinos morosos o a la ocupación ilegal. La percepción de inseguridad jurídica se ha visto reforzada por un decreto aprobado durante la pandemia que suspendió indefinidamente los desalojos de personas vulnerables. Esto ha provocado que muchos dueños prefieran mantener sus pisos cerrados antes que arriesgarse a no cobrar la renta, pese a que los datos del Ministerio del Interior indican que los casos de ocupación representan apenas un 0,06% del parque total de viviendas.
El resultado es un mercado muy tensionado: los jóvenes españoles tardan en promedio hasta los 30 años en emanciparse —frente a los 26 de la media europea—, aumentan las protestas sociales por el derecho a la vivienda y se mantiene un déficit estructural de oferta en las zonas de mayor demanda.
Expertos como María Matos, de Fotocasa Research, subrayan que el país pierde un volumen significativo de viviendas que podrían dinamizar el mercado de compraventa y alquiler. No obstante, advierten que no basta con rehabilitar o movilizar esas casas vacías: es necesario también revitalizar la economía de las zonas despobladas para hacerlas atractivas.
En paralelo, el gobierno ha anunciado un plan de subvenciones para incentivar la compra de viviendas en áreas rurales, aunque aún faltan detalles. Mientras tanto, tanto inquilinos como propietarios coinciden en que el sistema necesita cambios profundos: para unos, la vivienda debe dejar de ser objeto de especulación; para otros, se requiere seguridad jurídica que los proteja de abusos.
