El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva dejó sin efectos el decreto mediante el cual la anterior administración municipal de Timaná, encabezada por el exalcalde Marco Adrián Artunduaga, amplió la planta de personal del municipio. Según el fallo, la medida no contó con el debido sustento técnico ni presupuestal, lo que la hace contraria a la normativa vigente.
En su momento, dicho decreto permitió la creación de siete nuevos cargos en la administración local, sin que existiera una justificación legal o financiera que respaldara la decisión. La sentencia resalta la importancia de que cualquier modificación a la estructura administrativa se ajuste a los requisitos establecidos por la ley, garantizando la viabilidad fiscal y el cumplimiento de los procedimientos.
Implicaciones
Esta decisión judicial ha generado un nuevo reto para la actual administración municipal, liderada por el alcalde Edwin Cárdenas. Ahora, el mandatario se enfrenta a la obligación de cumplir con el fallo, lo que implica la desvinculación de los funcionarios que fueron vinculados en virtud del decreto anulado. Hasta el momento, una de las funcionarias ya fue retirada del cargo, en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, aún quedan seis personas en la nómina que deberán ser desvinculadas para evitar posibles consecuencias legales. El incumplimiento del fallo podría derivar en sanciones por desacato, además de eventuales responsabilidades disciplinarias o fiscales para la actual administración.
Contexto
El caso ha llamado la atención en Timaná, pues pone de relieve la importancia de que las decisiones administrativas se tomen con rigor técnico y dentro del marco legal. El fallo también evidencia la necesidad de que las entidades públicas realicen análisis detallados antes de crear nuevos cargos o modificar la estructura de personal, para evitar afectar las finanzas municipales o caer en irregularidades que deriven en procesos judiciales.
Acciones
El alcalde Edwin Cárdenas, según se ha conocido, está adelantando el proceso para cumplir con la sentencia y evitar cualquier tipo de sanción. No obstante, la situación plantea un dilema jurídico y social, debido a que la desvinculación de personal también puede generar impactos en la prestación de los servicios municipales.
Mientras tanto, la comunidad permanece atenta al desarrollo del caso y al cumplimiento de las decisiones judiciales, que podrían sentar un precedente sobre la responsabilidad en la gestión administrativa en Timaná y otros municipios de la región.
