La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia restaurativa en el macrocaso nº 3, condenando a ocho años de prisión a 12 exmilitares del Batallón La Popa por su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005 en la Costa Caribe (departamentos de Cesar y La Guajira).
Estos exmiembros de las fuerzas armadas fueron acusados de asesinar a 135 civiles que fueron presentados como bajas en combate, personas que se encontraban en estado de indefensión. Según la magistrada Ana Manuela Ochoa de la JEP, los responsables reconocieron su implicación, aportaron verdad, y se comprometieron a reparar a las víctimas y contribuir a la no repetición de los hechos.
La condena aplica en distintos grados según el tiempo que cada sentenciado haya permanecido privado de la libertad en procesos ordinarios. Algunos de los exmilitares deberán cumplir penas menores (por ejemplo, 5 o 6 años), mientras que otros deberán cumplir los 8 años completos.
Como parte de la reparación y con fines de memorialización, la sentencia incluye la construcción de 700 osarios con lápidas en el cementerio de Valledupar, Cesar, así como un mausoleo de la memoria distribuido en la Costa Caribe.
