El 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), institución clave del Acuerdo de Paz de 2016, emitió una sentencia contra siete exmiembros del último Secretariado de las antiguas FARC por su responsabilidad en el delito de secuestro sistemático. Más de 21.000 personas fueron reconocidas como víctimas en este proceso.
Los excomandantes sancionados —entre ellos Rodrigo Londoño “Timochenko”, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra, Rodrigo Granda, Julián Gallo y Milton de Jesús Toncel— recibieron ocho años de sanciones restaurativas. Estas incluyen trabajos comunitarios, proyectos de memoria y reparación simbólica, desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación ambiental y actos públicos de reconciliación. No habrá cárcel, pues ese modelo corresponde a la justicia transicional acordada en el Acuerdo de Paz.
Qué significa esta decisión
El fallo representa un hito para la justicia transicional en Colombia, pues es la primera vez que se sanciona con carácter definitivo a la cúpula exguerrillera por secuestros en masa. Se trata de uno de los casos más representativos y simbólicos del conflicto armado, pues el secuestro fue utilizado como herramienta estratégica y de control territorial por décadas.
Sin embargo, la decisión de la JEP no ocurre en un vacío político ni social.
Reacciones divididas
- Víctimas y sectores críticos han denunciado que estas sanciones son insuficientes, alegando que la ausencia de penas privativas de libertad y la naturaleza de las sanciones restaurativas pueden dar una sensación de impunidad. Figuras como Ingrid Betancourt han declarado que no se corresponde la gravedad del daño con penas que consideran blandas.
- Defensores del modelo transicional argumentan que los castigos restaurativos están dentro de lo pactado en el Acuerdo de Paz y que su valor va más allá del castigo inmediato: incluye la verdad, la participación de las víctimas, la reparación simbólica y la prevención de nuevas violaciones. Para ellos, la cárcel no es la única vía para la justicia.
- Sectores políticos de derecha han sido especialmente críticos, señalando que estas sanciones “premian” a quienes cometieron delitos graves y que podrían debilitar la credibilidad de la justicia si no hay consecuencias más duras.
Polarizaciones previas avivadas
La sentencia de la JEP ha reavivado debates antiguos:
- Sobre la justicia transicional: ¿Hasta cuánto se puede negociar con actores de conflicto para que reconozcan responsabilidades, acepten sanciones que no impliquen cárcel, y aun así sean percibidos como justos ante las víctimas y la sociedad?
- Sobre la memoria y narrativa del conflicto: ¿Cómo se recordará el secuestro, quiénes serán reconocidos víctimas, quiénes responsables?
- Sobre política y elecciones: En un contexto de elecciones legislativas y presidenciales próximas, los fallos de la JEP se convierten en terreno de polarización política —utilizados por unas fuerzas para cuestionar al gobierno y por otras para argumentar continuidad del Acuerdo de Paz.
Desafíos hacia adelante
- Implementación de las sanciones: Verificar que los proyectos restaurativos —búsqueda de desaparecidos, desminado, reparación simbólica— se realicen efectivamente, con recursos suficientes, seguimiento adecuado y participación de las víctimas.
- Garantías de verdad y transparencia: Que la elaboración de la verdad no sea solo formal, que haya reconocimiento de delitos conexos, daño psicológico, violencia sexual, desapariciones, etc.
- El papel del Estado: Que aporte recursos y apoye los mecanismos de reparación; que no haya obstáculos institucionales.
- Supervisión internacional: La ONU, la Corte Penal Internacional, organismos de derechos humanos observan estos procesos, lo que añade presión para que no haya retrocesos.
