Pacho Riarte señaló a Ferney Pavon por abandono e irregularidades contractuales.
El activista Pacho Riarte lanzó fuertes acusaciones contra la administración municipal de Anzoátegui, en cabeza del alcalde Ferney Pavon. En una publicación cargada de indignación y pruebas documentales, Riarte aseguró que, pese a los contratos millonarios firmados por el municipio, las condiciones de las vías rurales y urbanas siguen en estado deplorable.
“El contrato 147 de 2023 se pagó por más de 129 millones de pesos y solo dejó señales mal puestas y pintura barata”, afirmó. Según Riarte, la firma Grupo Delva S.A.S. recibió el pago completo por una señalización vial urbana que, a juicio de los ciudadanos, fue “puro maquillaje”.
A esto se suma un deterioro en vías rurales por más de 26 mil millones de pesos, como lo confirma un informe de los estados financieros del Tolima en 2024. “Nos indignan los contratos, pero más nos indigna el abandono”, expresó el activista en su denuncia pública, que se viralizó entre líderes comunales de veredas como Brillante, Santa Helena y San Antonio.
Contratos
Mientras Anzoátegui espera inversiones reales, municipios cercanos como El Espinal y Coello ya recibieron más de 1.300 millones de pesos por parte de Invías para mejorar 14 kilómetros de vías. Sin embargo, en Anzoátegui solo han llegado promesas y excusas.
Riarte también recordó que la Ley 136 de 1994 permite suspender a alcaldes por negligencia, y exigió al Concejo Municipal ejercer control político efectivo. “No más comodidad ni discursos tibios”, dijo, refiriéndose a la supuesta indiferencia de los honorables concejales frente a las fallas de ejecución.
Además, el informe de la Contraloría Departamental de 2025 detectó sobrecostos y graves fallas técnicas en la ejecución de estos contratos de señalización vial. Para Riarte, este documento confirma lo que la comunidad ya vivía en carne propia: el abandono total.
Con pancartas, registros fotográficos y copias de los contratos en mano, los presidentes de veredas y líderes comunitarios han decidido unir fuerzas para exigir rendición de cuentas y una verdadera inversión en la infraestructura rural del municipio.
“Queremos dignidad, no más discursos reciclados. Aquí no se vive del Photoshop”, concluyó el abogado del pueblo, con la promesa de llevar su denuncia hasta las últimas instancias legales si no se obtienen respuestas concretas.
