Edwin Steven Beltrán Canizales acusado públicamente por millonario engaño.
Un nuevo escándalo sacude al Tolima tras conocerse la denuncia pública contra Edwin Steven Beltrán Canizales, acusado de hacerse pasar como funcionario de la Gobernación. Según la versión entregada, este hombre habría manipulado la confianza de conocidos para concretar un supuesto negocio relacionado con pólizas de contratación, prometiendo beneficios inmediatos que nunca se materializaron.
El denunciante asegura que Beltrán Canizales, con cédula 1234639723, se presentó como “secretario de Salud del Tolima 2026”, cargo que decía ocupar, y bajo esa fachada ofreció la asignación de un contrato a cambio de un pago inicial. La suma entregada alcanzó los 17.200.000 pesos, dinero que, según se afirma, fue recibido bajo engaños.
La situación se tornó más grave cuando, al descubrir la estafa, se logró recuperar parcialmente el dinero, quedando aún un saldo pendiente de 7.200.000 pesos que el señalado no habría querido devolver. El caso ha generado indignación, pues se habla de documentos falsos utilizados para dar apariencia de legalidad a la operación.
De acuerdo con testimonios adicionales, no sería la primera vez que esta persona estaría implicada en hechos similares. Otros afectados aseguran que también fueron estafados bajo la misma modalidad: promesas de contratos, trámites aparentes y finalmente la desaparición del dinero.
La comunidad exige respuestas y pide a las autoridades investigar a fondo este caso, que podría involucrar a más víctimas en diferentes municipios del departamento. El llamado es claro: quienes tengan información sobre el paradero de Edwin Steven Beltrán Canizales deben comunicarlo, pues se presume que continúa evadiendo responsabilidades.
El impacto de esta denuncia ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que prácticas como estas sigan afectando la confianza en las instituciones. Aunque se trata de señalamientos que deberán ser verificados judicialmente, el eco de la denuncia ya circula en redes sociales y medios locales, aumentando la presión sobre las autoridades competentes.
El caso, cargado de indignación y sospechas, se convierte en un ejemplo de cómo la usurpación de cargos públicos puede ser utilizada para engañar y aprovecharse de la buena fe de las personas.
