La fiscalía general de la Nación dio a conocer un documento en el que traza la estructura jerárquica de la corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la fiscal del caso, no se trató de hechos aislados sino de una red organizada que funcionaba como una “empresa criminal con vocación de permanencia”.
En la parte más alta del organigrama fue ubicado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy refugiado en Nicaragua. González, mano derecha del presidente Gustavo Petro y fundador de la Alianza Verde, es señalado como el principal articulador de la red de sobornos y contratos irregulares.
En el segundo nivel aparecen el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Testimonios de Sneyder Pinilla y Olmedo López los vinculan en reuniones privadas y en gestiones de proyectos. Bonilla comparte espacio con sus exasesoras Andrea Carolina Ramírez y María Alejandra Benavides, esta última testigo clave en el proceso.
También fue mencionada Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial, acusada de coordinar pagos ilegales hacia el entonces presidente del Senado, Iván Name. Ortiz entregó pruebas como chats y documentos, donde incluso figura el nombre del actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.
En los niveles inferiores aparecen los exdirectivos de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Pedro Andrés Rodríguez, este último relacionado con Camilo Romero, exgobernador de Nariño y hoy precandidato presidencial. Aunque no ha sido citado, su nombre aparece en declaraciones y mensajes revelados en la investigación. La Fiscalía advierte que más de 30 personas estarían involucradas en esta trama, de las cuales tres ya fueron condenadas. El principio de oportunidad solicitado por Sneyder Pinilla podría abrir la puerta para llegar a los cabecillas.
