La Fiscalía General de la Nación presentó cargos a dos personas que harían parte de una red de corrupción que operaba entre los departamentos de Quindío y Tolima. El nuevo frente investigativo de la Fiscalía, por medio de una fiscal de la oficina especializada contra la corrupción, imputó formalmente los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos a Katherine Rivera Bohórquez y Anderson González González.
Según la Fiscalía, las millonarias irregularidades se presentaron en las obras públicas y contrataciones de los departamentos entre noviembre de 2020 y finales de 2022. La investigación se enfocó en las redes que direccionan la contratación en entes nacionales y territoriales. Por su lado, Rivera y González fueron puestos a disposición de un juez de garantías y esperan sea definida su situación legal frente a esta investigación.
En el trabajo realizado por la Fiscalía, se presenta la evidencia sobre cómo González González, adquirió información privilegiada para las licitaciones y para el proceso de contratación de manera irregular por parte de la señorita Katherine Rivera, desencadenando esto en el desvío de 15 contratos en los cuales 11 fueron logrados por Anderson González González y en los que se involucra una suma de 9.376 millones de pesos.
Los 11 contratos comprometidos ascienden en valor a $9.376 millones fueron suscritos en municipios de Tolima, de la siguiente manera: Purificación, contrato de obra por $1.639 millones y de consultoría por $114 millones para construir vías con placa huella, Mariquita, contrato de obra por $1.981 millones y de consultoría por $139 millones para vías con placa huella, Villarrica, contrato de obra por $1.293 millones y de consultoría por $90 millones para vías en placa huella, Melgar, contrato de obra por $2.125 millones y de consultoría por $148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía, Piedras, contrato de obra por $1.139 millones y de consultoría por $79 millones para la pavimentación de varias calles, contrato denominado ‘Tolima Varios’, que correspondía a una consultoría por $629 millones).
