En el municipio de San Miguel, Putumayo, crece la indignación y el desconcierto entre comerciantes, pequeños empresarios y prestamistas informales tras conocerse un presunto caso de estafa que habría dejado a decenas de personas afectadas económicamente. Según versiones recogidas por la comunidad, una familia, entre los cuales se hallarían al parecer los integrantes identificados como Kevin Martínez y José Martínez, habría solicitado durante varios meses aparentes préstamos por diversas sumas de dinero, alegando que serían destinados a inversión en negocios, ampliación de locales y compra de mercancías.
Las entregas de dinero, que se estima superan los 600 millones de pesos colombianos, fueron realizadas en su mayoría de buena fe, sin contratos formales de por medio, únicamente con compromisos verbales o mediante mensajes de texto. Esta falta de documentación ha dificultado el proceso de reclamación formal para muchos de los acreedores.
El hecho que ha encendido las alarmas fue lapresunta repentina salida de la familia del municipio. Desde entonces, no se han vuelto a comunicar con ninguno de los prestamistas ni han cumplido con los plazos de pago previamente acordados. La huida ha generado una ola de preocupación y enojo en la comunidad, que ahora exige justicia.
