La radicación de la consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro, tras dos intentos fallidos de aprobar la reforma laboral en el Congreso, ha generado posturas encontradas entre los congresistas del Huila. El Senado tiene ahora la última palabra: si en un plazo máximo de 30 días da luz verde, los colombianos serán llamados a las urnas en los tres meses siguientes.
Desde el Pacto Histórico, la senadora huilense Leyla Rincón ha defendido la consulta como una herramienta legítima de participación ciudadana. “Es un deber democrático y constitucional que el Senado responda al mandato del pueblo. Si el Congreso ha bloqueado la discusión, lo mínimo es permitir que se traslade a la ciudadanía”, aseguró.
Para Rincón, el presidente Petro fue elegido con el compromiso de un cambio social, y esta consulta representa la posibilidad de cumplir con ese mandato.
Triana critica enfoque y costos
Desde la oposición, el representante Julio César Triana (Cambio Radical) ha rechazado la iniciativa. Si bien reconoce la necesidad de mejorar las condiciones laborales, sostiene que la consulta no aborda los problemas estructurales reales como la informalidad y el desempleo.
“Las preguntas excluyen a más de la mitad de los trabajadores informales y pueden desincentivar la contratación formal al aumentar los costos laborales sin ofrecer incentivos reales”, afirmó.
Triana considera que el enfoque del Gobierno es más político que técnico. “Le costará al país más de $600 mil millones sin soluciones concretas”, advirtió.
Así, la división entre oficialismo y oposición se agudiza, con el Senado como escenario decisivo en esta disputa.