En medio de una sesión de control político realizada por la Comisión Sexta del Senado, el congresista Pedro Flórez denunció públicamente las graves fallas presentadas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad de Neiva. El hecho que encendió las alarmas fue el decomiso de más de 2.000 kilos de carne en mal estado, lo cual representa un riesgo inminente para la salud de los estudiantes beneficiarios del programa.
Flórez, presidente de la Comisión, expresó su preocupación por la falta de controles rigurosos en el manejo de los alimentos y afirmó que este tipo de situaciones no pueden seguir repitiéndose en ningún territorio del país. “Estamos hablando de niñas y niños que confían en el Estado para recibir un alimento digno. Lo que está pasando en Neiva debe servir de advertencia nacional”, dijo el senador.
Revisión urgente
A raíz de la denuncia, el Congreso solicitó de manera enfática al Ministerio de Educación y a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), revisar y reforzar los lineamientos técnicos y operativos que rigen el PAE. Además, propuso establecer mecanismos más estrictos de seguimiento a los entes territoriales, responsables directos de contratar y supervisar a los operadores encargados de proveer los alimentos.
“Es necesario que el Ministerio asuma un rol más activo en la vigilancia del programa. No podemos seguir dependiendo únicamente de denuncias ciudadanas para enterarnos de estos hechos”, manifestó Flórez.
Instituciones educativas
El senador también exhortó a las instituciones educativas a no guardar silencio ante las irregularidades. Aseguró que los colegios deben activar sus propios protocolos de alerta cuando detecten productos en mal estado o incumplimientos por parte de los operadores. “Los rectores y docentes son testigos diarios del servicio. Si algo falla, deben reportarlo de inmediato, pues está en juego la salud de nuestros niños”, concluyó.
Esta denuncia reaviva el debate sobre la eficacia del PAE y la responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y las administraciones locales. En Neiva, la situación ha generado rechazo ciudadano y se espera que las investigaciones en curso determinen responsabilidades.
