La Fiscalía General abrió una investigación de oficio tras la denuncia publicada por el economista y columnista de la revista Semana, Aurelio Suárez, quien reveló en su última publicación varias presuntas irregularidades en la celebración de millonarios convenios interadministrativos, suscritos por la dirección administrativa del Senado, entre el 26 de julio y el 5 de septiembre de 2022.
Los convenios 784, 1561, 983 y 984 fueron firmados por la recién reelecta directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca Rahin. Teniendo en cuenta los lineamientos en materia de celebración de contratos que tiene el Senado, todos tienen que pasar por la oficina del presidente para su conocimiento y firma. De esta forma, los cuatro convenios interadministrativos tuvieron que ser aprobados por Roy Barreras.
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Entre estos se destaca el firmado con la empresa Impretics -la imprenta de la Gobernación del Valle del Cauca- y que tenía como objetivo suministrar un sistema integrado de control de acceso para el Senado. La empresa ya ha recibido varios millonarios contratos en los últimos años en el Senado.
Según los documentos presentados por Suárez, Impretics subcontrató con Acin, una firma de seguridad que tiene su origen en la ciudad de Pereira. El contrato se tasó en 3.670 millones de pesos, pese a que el convenio inicial tenía un valor de $4.170 millones.
Lo mismo ocurrió con el contrato 983, firmado el 5 de septiembre de 2022, y que buscaba la “operación y producción de contenidos del Canal del Congreso de la República” por $8.159 millones con Dicitec, empresa de “infraestructura civil y servicios especializados de gestión para las regiones”.
Muchos de los convenios que fueron denunciados por Suárez tienen relación con empresas cercanas a familiares y amigos de funcionarios del Senado. Estas empresas tienen un largo historial de celebración de convenios con el Congreso, en algunos casos, pese a no cumplir con los requisitos.
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Debido a que Roy Barreras cuenta con fuero constitucional, los resultados de esta investigación -de encontrar mérito- tendrían que ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia mediante una compulsa de copias.
Por el momento, ni Barreras ni Salamanca han hecho mención alguna sobre la celebración de estos convenios interadministrativos. El presidente del Senado solamente atinó a calificar la columna de opinión como “falsa” sin dar mayores explicaciones.
