El presidente colombiano Gustavo Petro denunció que Estados Unidos está llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, tras un nuevo ataque militar estadounidense en el Caribe que dejó seis personas muertas. El hecho, ocurrido la noche del jueves 23 de octubre de 2025, fue confirmado por el Pentágono, que reconoció haber realizado una operación contra una embarcación sospechosa de narcotráfico supuestamente vinculada al cártel Tren de Aragua.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que los servicios de inteligencia habían identificado la embarcación como parte de una red de contrabando de drogas, y difundió un video de 20 segundos en la red social X mostrando el momento del impacto. Sin embargo, la operación ha generado una amplia controversia internacional, tanto por la legalidad del ataque como por la muerte de civiles que no han sido confirmados como narcotraficantes.
Denuncias y reacciones internacionales
El presidente Gustavo Petro calificó el ataque como una violación del derecho internacional y una ejecución extrajudicial, señalando que Estados Unidos no puede atribuirse la autoridad de ejecutar personas en aguas internacionales bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Petro también afirmó que una de las embarcaciones atacadas era colombiana, y que se encontraba a la deriva debido a una falla mecánica, sin estar involucrada en actividades ilícitas.
Las declaraciones del mandatario colombiano se suman a las advertencias de expertos de las Naciones Unidas, designados por el Consejo de Derechos Humanos, quienes han reiterado que tales operaciones carecen de base legal bajo el derecho internacional del mar. Los expertos subrayaron que, incluso si existieran pruebas del tráfico de drogas, el uso de la fuerza letal sin un debido proceso constituye una violación a los derechos humanos y puede clasificarse como ejecución extrajudicial.
En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) condenó los ataques, argumentando que el problema del narcotráfico no equivale a un conflicto armado, y que los funcionarios estadounidenses no pueden justificar homicidios con el argumento de la guerra contra las drogas. HRW advirtió que las acciones de Washington crean un precedente peligroso en el uso unilateral de la fuerza militar fuera de su territorio.
Escalada militar y contexto político
El ataque reciente es el décimo desde septiembre de 2025, cuando comenzaron las operaciones estadounidenses en el Caribe. Durante octubre, el ritmo de acciones se ha intensificado, con tres ataques en una sola semana, dos de ellos en el océano Pacífico oriental, lo que demuestra una expansión del área de operaciones de Estados Unidos hacia zonas cercanas a los principales países productores de cocaína, como Colombia, Perú y Bolivia.
El despliegue militar estadounidense incluye destructores con misiles guiados, aviones F-35, un submarino nuclear y unos 6.500 efectivos, lo que evidencia una acumulación de poder militar sin precedentes recientes en la región caribeña. Estas acciones forman parte de una estrategia promovida por la administración de Donald Trump, quien ha retomado su retórica de “guerra total contra los cárteles”.
No obstante, varios legisladores de ambos partidos en Estados Unidos han manifestado preocupación por la falta de control institucional sobre estas operaciones. Los demócratas sostienen que los ataques violan el derecho internacional y la Constitución estadounidense, al haberse ejecutado sin autorización del Congreso ni transparencia sobre sus fundamentos legales.
Cuestionamientos legales y falta de pruebas
El presidente Trump ha defendido su postura de manera provocadora. Cuando se le preguntó si solicitaría al Congreso una declaración de guerra contra los cárteles, respondió:
“Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Vamos a matarlas. Estarán, como, muertas.”
Estas declaraciones han intensificado el debate sobre la legalidad y legitimidad de las operaciones, así como sobre el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno estadounidense.
Hasta el momento, el Pentágono no ha presentado pruebas verificables que confirmen que las personas asesinadas en los ataques participaban en actividades de narcotráfico. De hecho, familiares de algunas víctimas, entre ellas los de un colombiano identificado como Alejandro Carranza, han declarado que las personas afectadas eran pescadores civiles sin vínculo con el crimen organizado. La esposa de Carranza relató que su esposo salió a pescar y días después fue encontrado muerto tras el ataque estadounidense.
Conclusión
El nuevo ataque de Estados Unidos en el Caribe agrava una crisis diplomática y humanitaria que pone en tensión sus relaciones con América Latina, especialmente con Colombia. Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, la falta de pruebas, y la expansión de operaciones militares sin control legislativo han generado una ola de críticas internacionales que ponen en duda la legalidad de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.
El gobierno de Gustavo Petro ha asumido una posición firme en defensa del derecho internacional y la soberanía de los Estados latinoamericanos, mientras organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente sobre los ataques y el esclarecimiento de las muertes. El episodio reaviva el debate sobre los límites de la “guerra contra las drogas” y sobre hasta qué punto la seguridad nacional puede justificar la violencia extraterritorial.
