En los últimos años, el sistema de información de nuestra entidad ha revelado una estadística alarmante y perturbadora: entre 2018 y julio de 2023, 36 niñas, niños y adolescentes extranjeros perdieron la vida mientras estaban inmersos en un proceso de restablecimiento de derechos. Este sombrío indicador resalta una problemática que va más allá de las fronteras y toca las fibras más sensibles de nuestra sociedad: la seguridad y bienestar de los niños, independientemente de su origen.
Es innegable que el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los menores que se encuentran bajo su protección. La pérdida de vidas de jóvenes en situaciones de restablecimiento de derechos plantea preguntas críticas sobre la efectividad y calidad de los servicios proporcionados por las instituciones gubernamentales encargadas de este delicado proceso.
La gravedad de esta situación se intensifica al considerar que la vulnerabilidad de estos niños, ya sean nativos o extranjeros, aumenta al ser confiados a la custodia del Estado. Es imperativo cuestionar y analizar en profundidad las condiciones en las que estos menores se encuentran, identificar las deficiencias en los sistemas de cuidado y tomar medidas urgentes para rectificar cualquier insuficiencia.
Menores extranjeros muertos
Los procesos de restablecimiento de derechos son cruciales para asegurar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de niños que han enfrentado situaciones difíciles. Sin embargo, si estos procesos no se llevan a cabo con los más altos estándares de calidad y seguridad, se corre el riesgo de convertir las instituciones gubernamentales en lugares de peligro en lugar de refugios protectores.
Es necesario un enfoque integral que involucre no solo a las autoridades gubernamentales sino también a la sociedad en general. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para abordar esta problemática y construir una confianza renovada en los sistemas de protección de derechos de la infancia. Además, es vital promover la colaboración entre las diferentes instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad en su conjunto para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles.
La pérdida de 36 vidas jóvenes es una llamada de atención urgente que no puede ser ignorada. Es hora de que la sociedad y el gobierno trabajen de la mano para revisar, fortalecer y reformar los sistemas encargados de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños. No podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo vidas inocentes en el camino hacia el restablecimiento de derechos. La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva que debe ser prioridad absoluta en la agenda nacional.