La Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas en conjunto con la Personería de Buenaventura, realizaron seguimiento a los compromisos asumidos por el Ente Territorial y demás instituciones, con 230 familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado entre los años 2015 y 2018 en el corregimiento del Bajo Calima. “se le hizo seguimiento a los contratos que suscribió la Dirección Técnica de Vivienda para el mejoramiento de 15 unidades habitacionales de la comunidad negra del Consejo Comunitario de Cabeceras, la Secretaría de Salud se comprometió con llevar a cabo cuatro jornadas de salud, y a la fecha no se han ejecutado estos y otros compromisos”, expresó el personero distrital, Edwin Janes Patiño Minotta.
Un cadáver flotaba en el rio
10 noviembre, 2025 04:37 pm
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