Autoridades del Cauca este confirmaron este jueves el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación, siete de ellos mujeres, en el municipio de López de Micay. Las víctimas, cuya labor estaba enfocada en el desarrollo de proyectos sociales en zonas vulnerables, fueron interceptadas por miembros de las disidencias de las Farc en plena ejecución de su trabajo institucional.
El grupo armado al margen de la ley, identificado como el Estado Mayor Central liderado por ‘Iván Mordisco’, se adjudicó públicamente la retención mediante un comunicado. Según su versión, los funcionarios instalaban equipos electrónicos supuestamente utilizados para fines militares, como inhibir señales y derribar drones. Sin embargo, esta afirmación fue rechazada categóricamente por las autoridades departamentales, quienes insisten en el carácter social y civil de las misiones desempeñadas por los secuestrados.
Entre los nombres de los funcionarios retenidos se encuentran Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana. La Gobernación ha recalcado la trayectoria y el compromiso de cada uno de ellos con los procesos de participación ciudadana y el fortalecimiento de programas estatales orientados a las comunidades más apartadas de la región.
La acción de las disidencias ocurre en un contexto marcado por la agudización del conflicto armado en el Pacífico caucano. La zona de López de Micay ha sido escenario de enfrentamientos entre organizaciones ilegales y la Fuerza Pública, hecho que aumenta la preocupación ante la posibilidad de que los funcionarios sean usados como moneda de cambio en las disputas territoriales. Las autoridades han señalado, además, que el accionar de estos grupos afecta el acceso de la población a la institucionalidad y los derechos básicos.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó los hechos y subrayó que ni la sociedad civil ni los empleados públicos deben ser confundidos con actores armados. “Llevaban oferta institucional a comunidades en condición de vulnerabilidad. La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”, expresó el mandatario local, pidiendo la intervención urgente del Gobierno Nacional, los organismos humanitarios y la comunidad internacional para lograr la liberación de los retenidos.
Mientras avanzan las investigaciones y se articulan rutas de diálogo para buscar la pronta liberación de los secuestrados, los familiares de las víctimas y la comunidad cauca se aferran a la esperanza de su regreso sanos y salvos. El incidente pone nuevamente en evidencia la urgencia de restablecer canales de diálogo que permitan la protección de los derechos fundamentales y la recuperación de la tranquilidad en la región.
