En un insólito caso ocurrido en el departamento de Putumayo, agentes del CTI de la Fiscalía y la Policía capturaron a Yasleidy Carolina González, acusada de fingir su propio secuestro con el propósito de extorsionar a la familia de su pareja sentimental.
Según las investigaciones, González habría planeado el engaño a principios de febrero, haciéndose pasar por un secuestrador para contactar a los familiares de su compañero y exigir un rescate de 80 millones de pesos por su supuesta liberación.
La Fiscalía reveló que la mujer se trasladó a una zona rural del Putumayo, donde organizó cuidadosamente la simulación del secuestro. Desde allí, utilizó varias líneas telefónicas y envió mensajes amenazantes para convencer a la familia de su pareja de que realmente estaba en peligro.
La angustia entre sus allegados creció cuando intentaron comunicarse con ella sin éxito. No obstante, las autoridades comenzaron a notar inconsistencias en la versión de los hechos al analizar las llamadas y rastrear las comunicaciones.
Tras recibir la denuncia, la Policía y el CTI iniciaron labores de inteligencia para ubicar los números telefónicos empleados en la extorsión. Mediante rastreo y monitoreo, determinaron que las llamadas provenían de un área donde González se encontraba libremente y sin signos de haber sido retenida contra su voluntad.
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Con estas pruebas, las autoridades procedieron a capturarla y presentarla ante la justicia. En la audiencia, la Fiscalía le imputó el delito de extorsión agravada, argumentando que utilizó medios fraudulentos para intentar obtener dinero a través del engaño y el temor.
El juez de control de garantías consideró que existían pruebas suficientes para vincularla formalmente al proceso y ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza la investigación.
Este caso ha generado gran impacto en la comunidad, pues representa una modalidad poco común de extorsión en la que una persona simula ser víctima de un delito para obtener beneficios económicos de manera ilegal.
Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que, en casos de extorsión, denuncien de inmediato y verifiquen la autenticidad de la situación antes de acceder a cualquier exigencia económica.
