En un nuevo y preocupante episodio del conflicto armado en Colombia, las Fuerzas Militares informaron que ocho de sus hombres, cuatro infantes de marina de la Armada Nacional y cuatro soldados profesionales del Ejército, fueron secuestrados por miembros de la comunidad local en el departamento de Nariño, durante operaciones conjuntas contra grupos armados ilegales que operan en la región lo cual ha generado rechazo entre la Fuerza Pública en el país.
El hecho, calificado por la institución como un grave atentado contra los Derechos Humanos, fue rechazado de manera categórica por las autoridades, quienes a través de un comunicado dado a conocer en sus redes sociales y a los medios informaron: “rechazamos enérgicamente este acto que pone en riesgo la integridad de nuestros valientes militares y viola los Derechos Humanos”.
Nariño, ubicado en el suroccidente del país y fronterizo con Ecuador, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia de estructuras armadas ilegales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales. En este contexto, las operaciones militares conjuntas entre Ejército y Armada buscaban neutralizar amenazas a la seguridad y restablecer el orden institucional en la zona de manera que fuera posible a su vez garantizar la seguridad y tranquilidad de las poblaciones que día a día se ven afectados por la injerencia de organizaciones ilegales.
Sin embargo, lo que parecía una operación de control terminó desencadenando una retención ilegal de los uniformados por parte de algunos habitantes de la comunidad. Aunque no se ha precisado el número exacto de civiles involucrados, ni las razones concretas detrás del secuestro, las Fuerzas Militares dieron inicio a los protocolos correspondientes para asegurar el pronto regreso de los militares quienes al parecer ya fueron liberados.
Fuentes oficiales confirmaron que de manera inmediata se activaron las autoridades nacionales, así como organismos internacionales competentes con el fin de adelantar todas las gestiones diplomáticas y operativas necesarias para garantizar la liberación de los ocho militares.
El episodio ha encendido las alarmas en los círculos de seguridad del país y reaviva el debate sobre los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas en territorios donde la autoridad del Estado es constantemente cuestionada por actores armados y, en ocasiones, por algunas comunidades cooptadas o presionadas por estructuras ilegales.
Este hecho ha generado profunda preocupación entre los organismos de derechos humanos y expertos en seguridad, quienes advierten que situaciones como esta reflejan el nivel de fragilidad institucional en ciertas regiones del país.
