SECUESTRADOR FUE JUDICIALIZADO

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Juan Gabriel Robayo fue procesado por retención ilegal y explotación sexual a menor.

Un caso que estremeció a la ciudad de Ibagué volvió a ser recordado tras la judicialización de Juan Gabriel Robayo Prieto, señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber participado en la retención ilegal y explotación sexual de una menor de edad en octubre de 2014.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por un fiscal Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, el hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de la víctima para inducirla a abandonar su entorno familiar. Bajo la promesa de un supuesto trabajo en Bogotá, la menor fue llevada a un inmueble en Ibagué, donde permaneció privada de la libertad durante varios días. Según la investigación, en ese lugar se le restringió la comunicación y movilidad, hasta que finalmente fue liberada con la condición de no denunciar lo ocurrido.

El material probatorio recopilado indica que Robayo Prieto habría buscado acercarse a la víctima en momentos de soledad, ofreciéndole falsas promesas de mejorar su situación económica. También habría intentado presionarla para sostener relaciones sexuales con un hombre que supuestamente la trasladaría a Bogotá, lo que refuerza la hipótesis de explotación sexual.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Robayo Prieto los delitos de secuestro extorsivo agravado y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por el procesado.

La entidad solicitó al juez competente imponer medidas de protección para la víctima y su familia, petición que fue acogida. Este paso busca garantizar la seguridad de quienes resultaron afectados por un caso que, más de una década después, sigue generando indignación en la comunidad.

El proceso judicial continúa y se espera que las pruebas recolectadas permitan esclarecer la responsabilidad del señalado, en un hecho que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para menores de edad frente a delitos de explotación y violencia sexual.


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