La salida del Presidente del Concejo Municipal de Yopal generó varias reacciones, entre ellas, algunos cuestionamientos en relación con los documentos que él presentó en la apelación al fallo que declaró la nulidad de su elección en primera instancia. Uno de ellos, habría sido expedido por el Secretario de Infraestructura de Casanare, afirmando algo muy diferente de lo que probó el Consejo de Estado en el fallo que tumbó a Michael Castro Niño.
El ahora ex concejal fue objeto de una demanda en la que se alegaba la violación al régimen de inhabilidades al firmar un contrato con la Gobernación de Casanare, en el año anterior al de su postulación. Él se defendió presentando una certificación expedida por la entidad contratante, en donde se indica que las actividades de su contrato no se ejecutaron en el municipio de Yopal.
De acuerdo con el fallo que ratificó la nulidad de la elección de Michael Castro Niño, en los informes de actividades que él presentó para poder cobrar sus honorarios, se evidencia que sí desarrolló acciones en la capital del departamento. Esto indicaría que el documento que firmó el Secretario de Infraestructura, presuntamente faltó a la verdad.
Este hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, la cual debe evaluar si el funcionario incurrió en el delito de prevaricato. En caso de que se determine la comisión de dicho delito, Álvaro Rivera podría ser objeto de inhabilidades para el ejercicio de la función pública
