La lucha frontal contra la corrupción en la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali dio un paso contundente este lunes, con la radicación de 27 denuncias penales contra agentes de tránsito por presunta participación en cobros indebidos y omisión de sanciones.
La denuncia fue interpuesta directamente por el secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, ante la Fiscalía General de la Nación. Según explicó el funcionario, los agentes señalados habrían incurrido en delitos como concusión y prevaricato por omisión, afectando de manera grave la confianza ciudadana en la autoridad de tránsito.
Las acusaciones surgen luego de una serie de denuncias ciudadanas que pusieron en evidencia comportamientos anómalos por parte de algunos funcionarios. “Gracias al testimonio directo de las personas que realizaron pagos ilegales, y al análisis de casos en los que no se impusieron comparendos pese a infracciones evidentes como la falta de SOAT o técnico-mecánica, se logró individualizar a los implicados”, afirmó Orozco.
Las irregularidades habrían ocurrido en diferentes puntos de la ciudad, donde los agentes presuntamente ofrecían “arreglos” para evitar la imposición de comparendos o la inmovilización de vehículos. En varios casos, los conductores habrían entregado sumas de dinero en efectivo a cambio de ser dejados en libertad.
El secretario detalló que los casos documentados corresponden a hechos ocurridos entre enero y junio de 2025. Los agentes denunciados habrían actuado de forma reiterada, lo que agravaría su situación judicial en caso de comprobarse su responsabilidad penal.
“Nos tomamos en serio las denuncias ciudadanas. Esta administración tiene un compromiso con la legalidad y no vamos a tolerar que unos pocos empañen el trabajo honesto que realiza la mayoría de nuestros funcionarios”, agregó Orozco, al presentar públicamente las denuncias.
El funcionario también anunció que se activaron procesos disciplinarios internos contra los mismos agentes, de manera paralela a las acciones penales. De comprobarse su culpabilidad, podrían ser destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos.
La Secretaría de Movilidad habilitó además canales confidenciales para recibir nuevas denuncias de la ciudadanía, con el fin de continuar identificando posibles casos de corrupción que afecten la transparencia del servicio público.
Desde la Alcaldía de Cali, se expresó respaldo total a las acciones emprendidas por Orozco y su equipo. El alcalde Alejandro Eder reiteró su compromiso con una gestión libre de corrupción, señalando que la transformación institucional pasa por recuperar la confianza ciudadana.
La ciudadanía ha recibido con aprobación la decisión, aunque algunos líderes comunitarios exigieron que las investigaciones no se queden en denuncias formales y se garantice un seguimiento judicial efectivo.
Organizaciones como la Veeduría Ciudadana de Cali también han pedido que se extienda la revisión a otros organismos municipales donde puedan existir prácticas similares. “Este debe ser solo el comienzo de una depuración profunda”, expresó su director, Ricardo Valencia.
Entre tanto, la Fiscalía asumió el caso y anunció la apertura de indagaciones formales para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los agentes señalados. En las próximas semanas se podrían conocer nuevas decisiones judiciales.
Con esta acción, la Secretaría de Movilidad busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y promover una cultura de legalidad dentro de sus filas, en sintonía con las políticas de transparencia adoptadas por la actual administración.
