Recientemente, se generó una polémica en Tunja sobre los operativos de recuperación del espacio público, tras un incidente ocurrido el 11 de febrero. En un video viralizado, se muestra cómo los productos de una vendedora ambulante fueron subidos a un camión sin ser empacados, provocando que cayeran al piso. Esto desató críticas sobre el manejo de los operativos y el trato a los vendedores informales.
La Personería de Tunja, dirigida por Nelson Rueda, inició una investigación preliminar para determinar si se vulneraron los derechos de los vendedores. Según Rueda, los operativos deben ser realizados exclusivamente por funcionarios públicos, ya que la participación de contratistas en estos operativos es ilegal.
Rueda enfatizó que los operativos deben seguir un proceso administrativo legal: notificación de la infracción, imposición de comparendos y decisión final por la Secretaría de Interior. El caso ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la recuperación del espacio público y el respeto a los derechos de los vendedores ambulantes, que dependen de esta actividad para su sustento.
Este incidente destaca la necesidad de que las autoridades municipales ajusten sus procedimientos para garantizar transparencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
