Polémica en Tunja por Operativos de Recuperación del Espacio Público: Investigan Presuntas Irregularidades
Un operativo de desalojo realizado el 11 de febrero en Tunja ha generado controversia y críticas hacia la administración municipal, luego de que un video viral expusiera posibles irregularidades en la ejecución de estas acciones. En la grabación se observa cómo los productos de una vendedora ambulante fueron subidos a un camión sin ser empacados previamente, lo que provocó que cayeran al suelo. Este hecho generó indignación y cuestionamientos sobre el trato a los vendedores informales durante los desalojos.
La Personería abre investigación por presuntas irregularidades
La Personería Municipal de Tunja, liderada por Nelson Rueda, inició una investigación preliminar para determinar si se vulneraron los derechos de los vendedores ambulantes y si se cometieron irregularidades en el procedimiento.
Uno de los aspectos más graves señalados es la presunta participación de contratistas de la alcaldía en los operativos, lo cual no está permitido legalmente.
Según la normativa, solo los funcionarios públicos tienen facultades para ejecutar operativos de recuperación del espacio público.
Protocolos que deben seguirse en los desalojos
El personero enfatizó la importancia de que estos operativos se realicen conforme a un procedimiento administrativo claro y legalmente establecido.
El debate: Espacio público vs. Derechos de los vendedores
Este caso ha reavivado el debate sobre cómo equilibrar la recuperación del espacio público con la protección de los derechos de los vendedores informales, quienes en su mayoría dependen de esta actividad para su sustento.
La falta de protocolos claros y la posible participación irregular de contratistas evidencian la necesidad de revisar los procedimientos municipales.
Se requiere mayor transparencia, respeto por los derechos humanos y una ejecución justa de las medidas de control.
Se espera el resultado de la investigación
La Personería de Tunja continuará con la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Los resultados serán clave para establecer si hubo abuso de autoridad y garantizar que futuros operativos se realicen de manera justa y conforme a la ley.
