El presidente salvadoreño Nayib Bukele cruzó una línea roja al desplegar la Policía Militar contra una manifestación pacífica, marcando el regreso de tácticas represivas que no se veían en El Salvador desde los años más oscuros de su historia reciente.
El escalofriante episodio coincidió con el envío al Congreso de una ley diseñada para «asfixiar económicamente» a las organizaciones sociales que se han convertido en los únicos vigilantes independientes de su poder, en medio de las severas restricciones impuestas por el estado de excepción vigente desde marzo de 2022.
«El dictador se quitó la máscara. Pasó de pan y circo al garrote», denunció el abogado Henri Fino, evidenciando la brutal transformación de un régimen que ahora utiliza abiertamente la «Fuerza Pública» para silenciar la disidencia.
Las cifras de la represión son devastadoras: más de 83.000 personas han sido privadas de la libertad bajo el estado de excepción, con violaciones masivas al debido proceso, mientras se intensifican las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas por parte de empleados públicos.
Este giro autoritario hacia la represión directa marca un punto de inflexión en los casi seis años de gobierno de Bukele, quien abandona definitivamente la fachada democrática para implementar métodos de control social que recuerdan los peores momentos de las dictaduras centroamericanas del siglo pasado.
