Con intimidaciones, Randy Chapman generó alarma hospitalaria en el Federico Lleras.
La tranquilidad de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, fue alterada por un joven cuya presencia activó protocolos de emergencia y sembró miedo entre pacientes, familiares y trabajadores. Se trata de Randy José Chapman Martes, de 22 años, quien intentó retirar sin autorización a una recién nacida, generando forcejeos verbales y momentos de confusión. El nombre del protagonista no pasó desapercibido, pues remite a un crimen que marcó a Colombia y hoy vuelve a estremecer a Ibagué.
Para comprender la gravedad del caso, es necesario retroceder hasta mayo de 2019 en Barranquilla. Ese año, cuando era menor de edad, Chapman aceptó responsabilidad en la muerte de María José Ortega, niña vecina suya; durante diligencias judiciales, el fiscal Adolfo Niebles leyó una confesión escalofriante que describía una agresión planeada, motivada por dinero y ejecutada con sevicia, hechos que conmocionaron al país entero.
Según la información conocida, tras cumplir la sanción máxima para adolescentes, Chapman quedó en libertad y se trasladó al Tolima buscando rehacer su vida. Sin embargo, su comportamiento volvió a encender alarmas cuando apareció en el principal centro asistencial departamental. Testigos indicaron que exigía llevarse a la bebé sin cumplir procedimientos médicos, enfrentándose al personal y empuñando un cuchillo, situación que obligó a reforzar la seguridad interna.
La escena provocó pánico generalizado, especialmente por tratarse de un área sensible con pacientes vulnerables. Funcionarios activaron rutas de atención mientras otros padres eran evacuados preventivamente. La preocupación creció al conocerse los antecedentes del joven, generando preguntas sobre controles, seguimientos y riesgos latentes alrededor de entornos infantiles y sanitarios.
Aunque el episodio generó indignación ciudadana, hasta el cierre de esta edición no existía pronunciamiento oficial de autoridades locales, Policía Metropolitana ni del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tampoco se confirmó bajo qué esquema de protección permanece la recién nacida involucrada.
Organizaciones sociales insistieron en la necesidad de medidas urgentes, acompañamiento psicosocial y vigilancia permanente para evitar tragedias. El caso deja abierta una discusión nacional sobre reintegración, prevención y responsabilidades institucionales frente a antecedentes extremos.
