La elección de Juan Diego Marulanda como nuevo contralor de Popayán el pasado 4 de diciembre provocó un fuerte revuelo político y abrió un debate que rápidamente trascendió los pasillos institucionales. Lo que pudo haber sido una posesión tranquila terminó convertido en un episodio cargado de suspicacias, luego de que sectores de la ciudad recordaran versiones públicas aún sin confirmación oficial sobre su presunto paso por la Contraloría General y el mínimo avance que habría tenido en el proceso relacionado con el exgobernador Óscar Campo.
Aunque estas afirmaciones no fueron ratificadas por ninguna autoridad nacional ni local, el comentario reavivó una vieja discusión: la eficacia real de los órganos de control. Para algunos analistas, estas entidades han acumulado críticas por su escasa capacidad de investigación, su débil impacto en la lucha contra la corrupción y la percepción de silencios selectivos en procesos de alto interés público. Incluso, en ciertos sectores políticos y sociales ha tomado fuerza la idea de reformarlas profundamente o, en casos más radicales, de eliminarlas.
En ese contexto, Marulanda asumió su cargo bajo una atmósfera de desconfianza y expectativa. La ciudadanía, más vigilante que en años anteriores, esperaba que su primer día en el despacho estuviera acompañado de mensajes contundentes que despejaran dudas y demostraran independencia real frente a los poderes políticos de la región.
El reto para el nuevo contralor no solo fue iniciar funciones, sino hacerlo en medio de un ambiente cargado de comentarios, cuestionamientos y exigencias. Popayán quedó a la expectativa de si su gestión marcaría un punto de quiebre hacia la transparencia o si, por el contrario,
