Concejal denuncia los pilares de gobernanza criminal en Bogotà
Mientras América Latina incrementa sus presupuestos en seguridad, los resultados siguen sin justificar el gasto. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que la región ha apostado durante años por estrategias de “mano dura” que no reducen los delitos de manera efectiva. América Latina destina el 5,4% de su gasto total a seguridad y justicia, frente al 3,3% de los países de la OCDE. Sin embargo, la mayoría de esos recursos va a la fuerza pública, dejando en segundo plano la prevención, la investigación criminal y la atención social.
Crimen organizado
Bogotá no escapa a esta tendencia. En 2024 tuvo el mayor número de homicidios desde 2016 y en los primeros cuatro meses de 2025 ya suma 378 asesinatos, un 5,6% más que el año anterior. Según la Fundación Pares, más de 85 estructuras criminales operan en la ciudad, incluyendo el ELN, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua. Estas organizaciones disputan territorios a través de un modelo de subcontratación criminal, que permite tercerizar delitos y reducir su exposición directa ante las autoridades.
El fenómeno va más allá de la violencia. En sectores como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar o Los Mártires, bandas delincuenciales han establecido formas de gobernanza criminal, supliendo al Estado en la provisión de servicios, justicia y empleo. Según la Defensoría del Pueblo, la ausencia institucional y las condiciones de marginalidad hacen que estas estructuras coopten comunidades enteras.
Hacia una política de seguridad con enfoque social y evidencia
Expertos como Gerson Arias (FIP) y Antonio Perry coinciden en que el país necesita reformar su política criminal. No basta con reforzar el pie de fuerza o llenar las cárceles. Se requiere una estrategia integral que combine acciones policiales, intervención social, fortalecimiento del sistema judicial y una mirada basada en evidencia científica. Hoy, el 76% de los homicidios en la región quedan impunes y el 41% de los presos están sin condena.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también advierte sobre los factores de riesgo que llevan a jóvenes al delito: abandono, pobreza, consumo de drogas y entornos criminales normalizados. Por eso, la seguridad debe dejar de ser solo una reacción al crimen y convertirse en una apuesta por prevenirlo desde las raíces.
Bogotá necesita más inteligencia, mejor inversión y presencia efectiva del Estado donde hoy manda el crimen.
