Después de tres días de bloqueos en el Bajo Cauca antioqueño y tras una reunión con los ministros de Defensa, Interior y Minas, los líderes de las protestas levantaron las manifestaciones.
En la reunión entre el Gobierno Nacional y líderes del paro minero en el municipio de Caucasia, Antioquia, se lograron establecer una serie de acuerdos para levantar los bloqueos que mantenían cerrada la vía que comunica a Medellín con la costa Caribe.
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La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien acompañó la mesa de negociación entre los líderes de la protesta y el gabinete de Gobierno, dijo que el punto principal de este diálogo fue la diferenciación entre quienes son mineros ancestrales y a quienes verdaderamente debe perseguir la Fuerza Pública.
“Esa caracterización va a permitir que la minería ancestral y artesanal no siga siendo criminalizada. Este es uno de los puntos principales para avanzar también en los diálogos de paz, en los procesos de paz que se tienen que construir en este territorio y por eso se levanta la protesta social”.
Manifestó la senadora
La congresista agregó que este lunes en la Comisión Quinta del Senado se establecerá el cronograma de consulta de la reforma al código minero y los enlaces inician esta misma semana para iniciar la ruta de caracterización.
Algunos de los puntos acordados
- Se conforma la mesa de diálogo entre los mineros de la región y el Gobierno Nacional.
- Se suspenden los operativos contra minidragas y pequeños motores hasta que se cree un protocolo de identificación y caracterización.
- Diálogo vinculante de lo que será la reforma al Código Minero.
- Se realizará acompañamiento para la formalización y solicitud de titulación.
- El alto comisionado para la Paz promoverá un escenario que facilite el diálogo y la participación de los líderes mineros (como también con los grupos armados irregulares de la región para dar mayores garantías en la Mesa de Diálogo).
- Las Fuerzas Militares y Policía Nacional no perfilarán ni judicializarán a los voceros y participantes de esta protesta social. A excepción de los delitos que no se encuentran en el marco del derecho constitucional a la protesta.
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Como garantes de dicho compromiso queda: La Defensoría de Pueblo, la senadora de la República Isabel Cristina Zuleta, el representante a la Cámara Jhon Jairo Gonzales y la Comisión Accidental del Senado de la República para examinar y actualizar de la política minera.