Sandra Ortiz y su encrucijada legal: pocas opciones ante la Fiscalía
La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia. Ha sido vinculada con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en un esquema de contratos fraudulentos, sobrecostos y asignación de recursos a empresas no aptas.
Cargos imputados
La Fiscalía le ha formulado cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, respaldados por pruebas contundentes. Según los investigadores, su participación en el manejo irregular de fondos públicos está documentada con evidencia sólida, lo que hace que cualquier intento de obtener un principio de oportunidad (reducción de pena a cambio de colaboración) sea prácticamente imposible.
Opciones legales limitadas
¿Qué puede hacer Ortiz?
- La única alternativa viable sería negociar un preacuerdo con la Fiscalía, lo que implicaría aceptar los cargos y cooperar con la justicia para recibir una pena reducida.
- Sin embargo, la gravedad de las acusaciones y la firme postura de la Fiscalía hacen que esta opción sea muy poco probable.
- Otros implicados en el escándalo han logrado beneficios legales por colaborar, pero en el caso de Ortiz, la Fiscalía no está dispuesta a otorgar concesiones.
Impacto del escándalo
Este caso evidencia las fallas en los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos, especialmente en entidades de gestión de riesgos. Ortiz, quien ocupó un rol clave en la toma de decisiones dentro de la UNGRD, enfrenta ahora la posibilidad de una condena severa, lo que podría destruir su carrera política y administrativa.
Sin indulgencias
Las leyes colombianas castigan con severidad los delitos de corrupción y desvío de recursos públicos, lo que deja a la exconsejera con un panorama extremadamente complicado.
