Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, está involucrada en un escándalo de corrupción relacionado con la UNGRD, uno de los más grandes de la historia reciente. Ortiz está acusada de desviar recursos destinados a emergencias mediante contratos fraudulentos y sobrecostos, involucrando empresas sin los requisitos necesarios.
La Fiscalía le imputó cargos por lavado de activos y tráfico de influencias, con pruebas contundentes que dificultan un posible principio de oportunidad para reducir su pena. Aunque podría negociar un preacuerdo, la gravedad de los cargos complica sus opciones de defensa.
Este caso resalta las debilidades en el control de los recursos públicos, poniendo en riesgo la carrera política y administrativa de Ortiz.
