Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, está en medio de un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos más grandes de corrupción reciente en el país. Ortiz está vinculada al desvío de recursos destinados a la atención de emergencias y gestión del riesgo, a través de contratos fraudulentos, sobrecostos y la asignación de recursos a empresas no calificadas.
A raíz de este escándalo, se le imputaron cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. La Fiscalía, tras meses de investigación, tiene pruebas sólidas que la implican directamente en el manejo ilegal de recursos públicos. Los fiscales aseguran que, debido a la gravedad de los cargos, es casi imposible que Ortiz reciba un principio de oportunidad (reducción de pena por colaborar con la justicia).
Según fuentes cercanas al caso, la ex consejera tiene pocas opciones legales. Una de ellas es negociar un preacuerdo con la Fiscalía, lo que implicaría aceptar los cargos y colaborar a cambio de una pena menor. Sin embargo, debido a la solidez de las pruebas, la Fiscalía parece no dispuesta a ofrecerle este beneficio, lo que contrasta con el trato dado a otros involucrados, quienes recibieron beneficios por colaborar.
El caso de Ortiz pone en evidencia las debilidades en los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos, especialmente en entidades encargadas de gestionar riesgos. La ex consejera, quien desempeñó un papel clave en la UNGRD, ve cómo su carrera política y administrativa se ve empañada por este escándalo. Los investigadores señalan que la gravedad de los delitos hace remota cualquier posibilidad de indulgencia, y las penas severas para los involucrados en corrupción complican aún más la situación para Ortiz.
