Delcy Isaza coincidió con Alfonso respaldando la reforma a la Ley 30 del 92.
Los extremos políticos del Tolima se encontraron en un mismo lado del recinto legislativo durante una votación que sorprendió a propios y extraños. En el Congreso de la República, la aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 logró unir a sectores ideológicamente opuestos alrededor de un mismo objetivo: redefinir la financiación de la educación superior pública en Colombia. Desde la derecha conservadora, Delcy Isaza, y desde la izquierda, Martha Alfonso, respaldaron sin reparos una iniciativa que marca un punto de quiebre en la historia del sistema universitario estatal.
La reforma superó todo su trámite legislativo y quedó a la espera de la sanción presidencial, luego de obtener una votación unánime. Con ciento dieciséis votos a favor y ninguno en contra, el Congreso avaló un nuevo modelo de financiación que busca corregir un problema estructural arrastrado durante décadas. Durante años, las universidades públicas enfrentaron un crecimiento acelerado de la matrícula sin un aumento proporcional de recursos, situación que afectó su calidad académica y estabilidad financiera.
Hasta ahora, los aportes de la Nación se ajustaban con base en el Índice de Precios al Consumidor, un mecanismo que no reflejaba los costos reales del funcionamiento universitario. La reforma reemplaza ese esquema y establece que los recursos se actualizarán según el Índice de Costos de la Educación Superior, calculado por el DANE. Este cambio permitirá una asignación más acorde con las necesidades reales del sistema y busca garantizar sostenibilidad a largo plazo para universidades, instituciones técnicas y tecnológicas estatales.
Desde la bancada conservadora, Delcy Isaza explicó que su respaldo responde a una convicción personal y política. “Como vocera de la bancada conservadora y egresada de la gloriosa universidad del Tolima , dimos un voto positivo al proyecto de ley que busca el fortalecimiento y la garantía de recursos para asegurar el funcionamiento y sostenibilidad financiera de las universidades públicas del país.” Para la congresista, la reforma representa una apuesta por la estabilidad institucional y el acceso equitativo a la educación superior.
Por su parte, Martha Alfonso destacó el alcance histórico de la decisión y su significado para la defensa de la universidad pública en las regiones. “Una de las causas de mi vida ha sido aprobada hoy: la Reforma a la Ley 30 de educación superior, que busca financiar de manera adecuada a las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas de todas las regiones de Colombia.” La votación dejó una imagen poco común: adversarios ideológicos coincidiendo en una de las decisiones más relevantes del actual periodo legislativo.
