José Francisco Montufar Rodríguez ganó tutela clave contra Nueva EPS.
El abogado tolimense José Francisco Montufar Rodríguez se convirtió en protagonista de un caso que sacude a la Nueva EPS y que marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales. En Ibagué, el litigante encabezó una acción de tutela en favor de su cliente, Epifanio Herrán, quien reclamaba la entrega de medicamentos esenciales para su tratamiento médico. El fallo fue categórico: la entidad debía cumplir en un plazo de 48 horas, garantizando el acceso inmediato a la salud.
La orden judicial, sin embargo, no fue acatada en los tiempos establecidos, lo que abrió la puerta a un incidente de desacato. El Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué sancionó al gerente regional Centro Oriente de la Nueva EPS, Salvador José Berrocal Narváez, con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La providencia advierte que, de persistir la rebeldía frente al fallo, la sanción podría convertirse en arresto, poniendo en riesgo la libertad del funcionario.
El caso refleja la fuerza de las acciones de tutela en Colombia y la importancia de abogados como Montufar Rodríguez, quienes insisten en que la salud no puede ser vulnerada por negligencia administrativa. “El derecho fundamental debe ser protegido de manera inmediata”, señaló el despacho en su decisión, dejando claro que la justicia no permitirá excusas frente a la vulneración de derechos.
La comunidad jurídica observa con atención este proceso, pues marca un precedente sobre la responsabilidad de las EPS frente a los fallos judiciales. El incumplimiento no solo acarrea sanciones económicas, sino que también puede derivar en medidas privativas de la libertad para quienes desatiendan las órdenes judiciales.
La sanción contra la Nueva EPS envía un mensaje contundente: las entidades de salud deben cumplir con las decisiones judiciales sin dilaciones. El caso de Epifanio Herrán y la defensa de Montufar Rodríguez se convierten en símbolo de resistencia frente a la negligencia institucional. La ciudadanía espera que este tipo de decisiones fortalezcan la confianza en la justicia y garanticen que los derechos fundamentales no sean letra muerta.
