El mayor Mario Molano fue destituido por la Procuraduría tras la muerte de Santiago Murillo.
En una decisión que marca un hito en la justicia disciplinaria del Tolima, la Procuraduría General de la Nación ha proferido un fallo contundente en este mes de abril de 2026. El ente de control sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional, Jorge Mario Molano Bedoya. La determinación surge tras quedar plenamente demostrado que el oficial incurrió en actos irregulares asociados al uso excesivo de la fuerza durante las intensas jornadas de protesta del 1 de mayo de 2021 en la ciudad de Ibagué, donde perdió la vida el joven Santiago Andrés Murillo Meneses.
El Ministerio Público fue enfático al resaltar que el disciplinado, dada su alta calidad de oficial de la Policía Nacional, tenía pleno conocimiento de las directrices nacionales e internacionales sobre el uso de armas de fuego en contextos de manifestación social. No obstante, el fallo subraya que Molano Bedoya desconoció de manera flagrante su deber de ajustarse a los mandatos constitucionales y legales que regulan la labor policial. Para la Procuraduría, la actuación del oficial fue un desafío directo a la protección de la vida, derecho que debió defender por encima de cualquier circunstancia técnica u operativa en el terreno de las protestas.
La conducta del mayor (r) Molano fue calificada de manera definitiva como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. Esto significa que, tras el análisis de las pruebas técnicas y los testimonios recolectados en la capital tolimense, se evidenció que su actuación fue consciente, voluntaria y deliberada. El oficial disparó con pleno conocimiento del carácter antijurídico de su proceder y de la inminente afectación del derecho fundamental a la vida del joven Murillo, quien se convirtió en el símbolo de la tragedia durante aquel estallido social en la capital del departamento.
La sanción de 14 años de inhabilidad técnica para ejercer cargos públicos refleja la gravedad de la omisión y la acción desproporcionada del entonces uniformado. Contra este fallo de primera instancia procede el recurso de apelación ante el despacho del Procurador General de la Nación, lo que podría dilatar la ejecución inmediata de la sanción bajo el efecto suspensivo. Sin embargo, para la comunidad ibaguereña y los familiares de Santiago Murillo, este pronunciamiento representa un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la justicia estatal, cerrando un capítulo de incertidumbre sobre la responsabilidad administrativa de quienes ostentan el mando de la fuerza pública en momentos de crisis social.
