Gerente de Nueva EPS enfrenta sanción tras incumplir orden médica para paciente.
El sistema de salud vuelve a quedar en el centro de la polémica en Ibagué tras una decisión judicial que sanciona a un directivo de la Nueva EPS por incumplir una orden relacionada con la entrega de medicamentos vitales. El caso, que involucra a un adulto mayor con una enfermedad crónica, terminó escalando hasta los tribunales luego de varios meses de reclamos y trámites legales.
La historia gira en torno a Epifanio Herrán, un ciudadano de la tercera edad diagnosticado con diabetes, quien desde hace tiempo requiere medicamentos específicos para controlar su condición. Ante la falta de respuesta efectiva por parte de la entidad prestadora de salud, el paciente acudió a una acción de tutela para exigir la protección de su derecho fundamental a la salud.
El Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué analizó el caso dentro de un incidente de desacato y concluyó que la orden judicial emitida previamente no fue cumplida por la entidad. En enero de 2025 ya se había ordenado el suministro de fármacos fundamentales para el tratamiento del paciente, entre ellos semaglutida y empaglifozina, medicamentos claves para el control de la diabetes.
Sin embargo, según lo evidenciado en el proceso, la entrega de estos medicamentos no se realizó dentro de los plazos establecidos, lo que obligó a que el despacho judicial adoptara medidas más severas. Como resultado de esta situación, se declaró en desacato al gerente regional Centro Oriente de la Nueva EPS, Salvador José Berrocal Narváez. La sanción impuesta corresponde a una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual deberá ser cancelada dentro del plazo fijado por el juzgado.
La decisión judicial también fue revisada por el Tribunal Administrativo del Tolima, instancia que confirmó la sanción y dejó clara una advertencia adicional para el directivo de la EPS. En caso de que la multa no sea cancelada dentro del término establecido, la sanción económica podría transformarse en una medida de arresto. Según explicó el abogado del paciente, José Francisco Montufar Rodríguez, el incumplimiento de la orden judicial podría traducirse en cinco días de detención para el funcionario responsable.
El equipo jurídico que acompaña al ciudadano aseguró que este tipo de decisiones buscan enviar un mensaje claro frente a la obligación que tienen las entidades de salud de garantizar los tratamientos médicos oportunos, especialmente cuando se trata de adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.
