Un juzgado penal de conocimiento de Florencia (Caquetá) condenó a 32 años de prisión a Manuel Ranoque tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra de 10 años en el resguardo indígena Puerto Sábalo – Los Monos, en el municipio de Solano. La Fiscalía General de la Nación demostró su responsabilidad por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. La sentencia será cumplida en un establecimiento carcelario.
Abusos prolongados
De acuerdo con la investigación, entre 2020 y 2023 el condenado sometió de manera reiterada a la menor, a quien además amenazó para evitar que denunciara lo ocurrido. El caso permaneció oculto hasta junio de 2023, cuando un accidente aéreo en las selvas del Guaviare reveló la situación. La niña viajaba en la avioneta junto a su madre y tres hermanos; tras el siniestro y posterior rescate, fue puesta bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), momento en el que se conocieron los abusos sufridos durante casi tres años.
Evidencia contundente
En el juicio, la Fiscalía presentó pruebas materiales, testimonios y análisis periciales que acreditaron tanto la ocurrencia de los hechos como la responsabilidad del procesado. Estos elementos permitieron exponer la magnitud de las agresiones y el impacto físico y emocional en la víctima, lo que llevó al juez a imponer la pena de 32 años de prisión.
Mensaje de justicia
Con esta decisión, las autoridades buscan reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial en territorios rurales e indígenas donde la distancia y el aislamiento pueden favorecer la impunidad. La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar y sancionar este tipo de delitos para garantizar que no queden sin castigo.
Mientras avanza su proceso de recuperación, la menor permanece bajo medidas de restablecimiento de derechos y recibe acompañamiento psicosocial. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que la niña cuenta con atención médica especializada y seguimiento permanente por parte de profesionales en salud mental. Según la entidad, se activaron protocolos diferenciales para víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, con el fin de garantizar un restablecimiento integral que respete su identidad cultural. Las autoridades locales también anunciaron jornadas de prevención y pedagogía en la zona, buscando reducir riesgos y fortalecer mecanismos comunitarios de protección infantil.
