La esperada liberación de los nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca, que se creía inminente, fue suspendida por motivos que aún generan incertidumbre. Según fuentes cercanas a la situación, el grupo armado que los mantiene retenidos habría impuesto nuevas condiciones para permitir la entrega.
Los trabajadores fueron secuestrados hace varios días mientras adelantaban labores en el litoral pacífico caucano, específicamente en zonas de difícil acceso entre Guapi y López de Micay, donde operan disidencias de las FARC.
Organismos humanitarios y autoridades locales que acompañan el proceso señalaron que la suspensión de la liberación estaría relacionada con aspectos logísticos, condiciones climáticas adversas y exigencias de seguridad por parte de los captores, quienes temen operativos militares durante el procedimiento.
La Gobernación del Cauca reiteró su llamado al respeto por la vida de los retenidos y pidió garantías para su pronta liberación. Mientras tanto, las familias viven momentos de angustia, aferradas a la esperanza de un desenlace pacífico y sin violencia.
Los hechos han reavivado el debate sobre la presencia de grupos armados en la costa caucana y los riesgos que enfrentan los servidores públicos y contratistas que trabajan en zonas vulnerables
