Supersalud supervisa inversiones millonarias en obras sanitarias de las USI de ‘La Musical’.
La Superintendencia Nacional de Salud puso la lupa sobre uno de los procesos contractuales más costosos adelantados recientemente en Ibagué, luego de ordenar la suspensión de cuatro contratos para la adecuación de puestos y centros de salud, adjudicados durante la administración de la alcaldesa Johana Aranda. La decisión se tomó semanas después de la intervención a la Unidad de Salud de Ibagué, USI, entidad responsable de la ejecución de estas obras y que quedó bajo control del ente nacional.
El paquete contractual supera los 3.500 millones de pesos y corresponde al proceso de mayor cuantía adelantado por la USI. Los contratos tenían como objetivo realizar adecuaciones menores en más de quince puestos y unidades de salud, ubicados tanto en zonas urbanas como rurales del municipio, varios de ellos con deterioro avanzado que venía afectando la prestación segura y oportuna del servicio a los usuarios del sistema.
Los cuatro contratos fueron adjudicados a diferentes firmas y consorcios: Grupo AB S.A.S., la Unión Temporal USI 2025, el Consorcio Arenas 1 y Views Proyectos Integrales S.A.S. Cada uno de estos acuerdos oscilaba entre los 852 y los 909 millones de pesos. Todos establecían un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, menos de dos meses después de haber sido firmados oficialmente.
Las obras contemplaban intervenciones en cubiertas, pisos, muros, redes hidrosanitarias, cielorrasos, baños, carpintería y acabados, trabajos considerados prioritarios ante el estado crítico de varias sedes asistenciales. Parte de los recursos utilizados para estas adecuaciones provienen de una asignación realizada por el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, que destinó fondos específicos para infraestructura sanitaria, posteriormente incorporados al presupuesto de la USI.
Tras la intervención ordenada por la Supersalud el 9 de diciembre de 2025, la agente especial interventora suspendió la ejecución de los cuatro contratos el 26 de diciembre del mismo año. Posteriormente, mediante actas firmadas el 13 de enero de 2026, la suspensión fue prorrogada por 21 días calendario, hasta el 3 de febrero de 2026.
Según documentos oficiales, la medida busca adelantar una revisión integral de carácter técnico, jurídico, administrativo y financiero, con el fin de verificar la adecuada estructuración contractual, el cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y control del gasto público, así como la protección del patrimonio estatal. El futuro del “jugoso” contrato dependerá de las conclusiones finales que emita la Supersalud.
