Juan Carlos León Acosta, murió durante las protestas del paro nacional agrario en el 2013.
Después de doce años de exigencias, movilizaciones y denuncias, la justicia finalmente reconoció lo que la comunidad de Fusagasugá ha sostenido desde el primer día: la muerte del campesino Juan Carlos León Acosta, ocurrida durante el Paro Nacional Agrario de 2013, fue un homicidio, no un simple exceso de fuerza. Así lo determinó un juez luego de valorar pruebas clave y escuchar a testigos presenciales del hecho.
Juan Carlos León Acosta, oriundo de la vereda Alto del Molino, fue asesinado por un agente del ESMAD en medio de las protestas que se desarrollaban en la Avenida de las Palmas, cerca del barrio Santa Anita. Según los testimonios y peritajes, el agente le disparó a quemarropa con una escopeta lanza gases, una acción que contraviene los protocolos establecidos para el uso de este tipo de armamento.
La decisión judicial es clara y contundente: el uniformado violó los protocolos de uso de la fuerzay actuó de manera deliberada, apuntando directamente al cuerpo de la víctima desde corta distancia. El fallo señala que esta conducta no admite justificación alguna y representa una grave violación a losderechos humanos.
Este reconocimiento judicial marca un precedente importante para los casos de violencia estatal en contextos de protesta social. Durante años, el Estado negó responsabilidades y se aferró a la versión de un enfrentamiento desbordado. Sin embargo, la investigación evidenció que no fue un accidente ni una reacción espontánea, sino un acto de fuerza letal e injustificada.
La familia de Juan Carlos, al igual que la comunidad campesina que lo vio crecer y luchar, recibe este fallo como un paso hacia la verdad y la reparación. Aunque la justicia llega tarde, el reconocimiento de la verdad judicial refuerza la memoria colectiva y la necesidad de reformar las prácticas represivas que aún persisten en el país.
