El juez Sexto Municipal de Villavicencio (Meta) aseguró en centro carcelario a Elda Susana Prada Páez, presuntamente responsable de estafar a 35 personas en cuatro departamentos.
El material de prueba recaudado evidencia cómo entre mayo de 2013 y febrero de 2021 la procesada habría ofrecido en venta casas de interés social y alquilado vehículos que no devolvía pero, presuntamente, sí los vendía.
Por estos hechos un fiscal de la Seccional Meta imputó a la procesada cargos por delitos de estafa agravada masa, simulación de investidura o cargo y uso de documento falso. Ninguno fue aceptado.
La investigación
Según las denuncias, la mujer habría incurrido en dichos delitos en dos periodos de tiempo y bajo dos modalidades. Así, entre mayo de 2013 y diciembre de 2015 habría engañado a diez personas mediante supuesto alquiler de vehículos para trabajar en empresas petroleras.
Según consta en el proceso tras recibir los carros que, supuestamente, vincularía a las empresas, desaparecía. En ese proceso habría vendido de manera ilícita automotores por 366’700.000 pesos.
En otra oportunidad, esta vez entre enero de 2017 y febrero de 2021, 25 personas habrían sido afectadas al creer que podrían obtener a viviendas de interés social ofrecidas por la procesada.
En la investigación se señala que la mujer les decía a sus víctimas que laboraba para la gobernación de Meta; y en otras oportunidades afirmaba trabajar para la alcaldía de Villavicencio.
De esta manera habría convencido a los incautos que con la ilusión de acceder a una vivienda le entregaron sus dineros. El monto de esta posible estafa fue calculado en $280’900.000.
La evidencia recaudad señala a la mujer de haber exigido a sus víctimas pagos de 6 a 18 millones de pesos. Solo de esta manera los afectados, supuestamente, aseguraban la adjudicación de cupos para obtener viviendas de interés social que, supuestamente, estarían ubicadas en los sectores de La Madrid, San Antonio y 13 de Mayo en Villavicencio.
Con el propósito de hacer efectiva la captura de Elda Susana Prada Páez llegaron al municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) investigadores del CTI de la Fiscalía adscritos a la Estructura de Apoyo EDA y de la Policía Nacional para cumplir la orden judicial que pesaba en contra de la procesada.
