Cuando la delincuencia entra por la ventana
Hacia las 2:22 a.m. de este miércoles 23 de abril, un hombre irrumpió violentamente en el establecimiento CRUSH – Café Bar, ubicado en la plazoleta Las Palmas de Ubaté, Cundinamarca. El sujeto rompió el vidrio de una ventana del segundo piso, ingresó al lugar y hurtó un teléfono celular y dinero en efectivo. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el delincuente ejecutó el robo.
La activación de la alarma lo obligó a salir rápidamente, pero antes de escapar por la fachada, rompió el letrero del negocio, dejando un mensaje claro: no solo quieren robar, también quieren dejar huella. Los propietarios ya iniciaron las gestiones para presentar la denuncia formal ante las autoridades. Sin embargo, el caso deja muchas más preguntas que respuestas.
Una ciudad a la defensiva
Ubaté lleva meses enfrentando una espiral creciente de delitos. Y aunque casos como este se hacen virales en redes sociales, lo cierto es que la visibilidad digital no basta para judicializar a un ladrón. Se necesita una denuncia formal, con pruebas, documentos, y compromiso ciudadano.
Pero aquí entra un contraste preocupante: la gente ya no cree en las instituciones. La sensación de abandono y la falta de resultados reales hacen que los afectados se limiten a exponer los casos en redes, porque sienten que ahí, al menos, alguien los escucha. Sin embargo, el sistema judicial necesita más que indignación virtual: necesita acciones legales concretas.
El ladrón no solo robó: también dejó destrucción. Ubaté sigue sintiendo el peso de una inseguridad que nadie parece controlar.
Impunidad, el verdadero cáncer
El dolor de los comerciantes no es solo por el dinero perdido o los vidrios rotos. Es por la certeza de que nada pasará. Porque en muchos municipios como Ubaté, la delincuencia avanza sin freno y la respuesta institucional parece seguir en modo espera.
Y mientras las estrategias de seguridad brillan por su ausencia o se quedan en promesas sin ejecución, los ladrones ya no temen a las cámaras, ni a las alarmas, ni a la policía. Lo que necesitan los ciudadanos no son discursos, son medidas de fondo que ataquen el verdadero cáncer de esta crisis: la impunidad estructural que ha permitido que los delincuentes crean que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, donde quieran.
¿Y si lo capturan, qué pasa?
En caso de que el responsable de este robo sea capturado, podría enfrentar cargos por el delito de hurto calificado y agravado (Artículo 240 del Código Penal Colombiano), cuya pena puede oscilar entre 6 y 12 años de prisión, y aumentar si se comprueba el uso de violencia o daños a la propiedad. Además, el daño en bien ajeno (Artículo 265) es un delito adicional que podría sumarse al proceso penal.
Pero la pregunta de fondo es otra: ¿Qué tan efectiva será la judicialización si el ladrón es capturado? ¿Tendrá consecuencias reales o terminará saliendo en menos de lo que tarda en romper otro vidrio?
Visibilidad sí, pero con justicia
Los videos ayudan, las redes despiertan alertas, pero la única forma de lograr justicia es con denuncias formales. La comunidad está cansada, y con razón. Sin embargo, para que la indignación no se pierda en el scroll de las redes sociales, se necesita que esa rabia se convierta en acción legal.
Ubaté no puede seguir siendo escenario de delitos sin consecuencias. La inseguridad no se combate con resignación, se enfrenta con presencia institucional, compromiso judicial y una ciudadanía que no solo grita: también actúa. Y lo hace por el derecho básico de todo pueblo: vivir tranquilo.
