La Personería Municipal de Gigante quedó en el centro de una fuerte controversia tras conocerse el informe definitivo de la Contraloría Departamental del Huila, que confirmó hallazgos administrativos con incidencia fiscal derivados del manejo de viáticos y gastos de transporte durante la vigencia 2024, bajo la responsabilidad de la personera municipal Gelvi Esther Cabrera Hernández.
La actuación especial de fiscalización, originada en una denuncia ciudadana, determinó que Cabrera Hernández recibió pagos por concepto de transporte aun cuando contaba con esquema de seguridad, vehículo oficial y subsidio de combustible asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), situación que, según el ente de control, no se ajusta a la normatividad vigente.
Pagos cuestionados
De acuerdo con el informe auditor, durante 2024 la Personería de Gigante canceló $2.706.000 por gastos de transporte a favor de la funcionaria, pese a que la UNP le había asignado un vehículo, escoltas y un apoyo mensual de $650.000 para combustible. La Contraloría estableció que el Acuerdo Municipal 020 de 2023 solo permite el reconocimiento de estos gastos cuando el desplazamiento se realiza en transporte público, condición que no fue acreditada ni soportada documentalmente.
El ente de control también advirtió que no existen documentos que respalden dichos cobros, lo que refuerza la presunción de una posible afectación al patrimonio público.
Viáticos fuera del límite
El informe evidenció además una segunda irregularidad: en noviembre de 2024 se autorizaron y pagaron nueve días de viáticos, cuando la norma municipal fija un máximo de ocho días mensuales. Aunque Gelvi Esther Cabrera Hernández reconoció el error y reintegró $342.557, este hecho fue catalogado como hallazgo administrativo, dejando en evidencia falencias en los controles internos.
Proceso fiscal en curso
Si bien el reintegro permitió levantar la connotación fiscal del exceso en viáticos, el pago de los gastos de transporte mantiene incidencia fiscal, motivo por el cual el caso fue trasladado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, instancia que deberá establecer eventuales responsabilidades y la recuperación de los recursos públicos.
Impacto político
El caso genera especial ruido político al tratarse de una entidad llamada a defender la legalidad y vigilar la correcta actuación de la administración pública. Para sectores ciudadanos, la situación deja a la gestión de Gelvi Esther Cabrera Hernández bajo observación y reabre el debate sobre la coherencia entre el discurso institucional y la práctica administrativa.
Mientras avanza el proceso fiscal, la expectativa se centra en las decisiones que adopten los organismos de control y en las explicaciones que entregue la Personería de Gigante frente a un episodio que hoy incomoda al poder local.
