Sebastián Rivera señaló que la parálisis del PAE obedeció a fallas de gestión.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima volvió a encender la polémica en las últimas semanas. Durante seis días, miles de estudiantes quedaron sin el servicio por un supuesto desfinanciamiento de 15 mil millones de pesos. Sin embargo, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UAPA) aseguró que el problema nunca estuvo en los recursos, sino en la capacidad de gestión de las entidades responsables. El director de la UAPA, Sebastián Rivera, fue contundente al señalar que lo ocurrido responde más a la falta de voluntad política que a la inexistencia de dinero.
Según la información revelada, el Gobierno Nacional giró oportunamente 60 mil millones de pesos, mientras que la Gobernación del Tolima aportó su parte y sumó además $8 mil millones adicionales. A esto se le suma que los municipios del departamento tienen cerca de $6 mil millones en cuentas maestras que, increíblemente, aún no han sido ejecutados. Para la UAPA, estas cifras demuestran que los argumentos sobre un hueco presupuestal no tienen sustento, y que lo que en verdad falló fue la articulación entre autoridades.
Otro aspecto que generó discusión es el costo del complemento alimentario en el departamento, el cual se encuentra 2 mil pesos por encima de la media nacional. El director de la UAPA explicó que, al tratarse de un programa descentralizado, cada entidad territorial debe justificar este valor mediante estudios de mercado. Sin embargo, la diferencia en los costos despierta inquietudes en la opinión pública y en los organismos de control, que ven allí una posible zona gris en la contratación.
Con los nuevos aportes confirmados, el gran reto es garantizar los 180 días del calendario escolar sin interrupciones. Para la UAPA, la meta también debe estar puesta en avanzar hacia la universalidad del PAE en Tolima, de modo que ningún estudiante quede excluido. No obstante, el mensaje de advertencia fue claro: la alimentación de los niños no puede seguir dependiendo de retrasos administrativos ni de decisiones políticas improvisadas. Si no hay un cambio estructural en la manera de gestionar el programa, los riesgos de nuevas suspensiones seguirán latentes.